Nación frena idea de Busti de prohibir exportación de madera

Jorge Busti

Las intenciones del gobernador Jorge Busti de impulsar una ley que prohíba vender madera rolliza a Uruguay, insumo básico para la fabricación de pasta celulosa como la que produciría la planta de Botnia en Fray Bentos, proveniente de esa provincia, no avanzó mucho. La norma, reclamada por los ambientalistas de Gualeguaychú, es considerada inconstitucional por los abogados del propio gobierno y la única forma de impulsar la medida para que tenga vigencia real sería a través de una ley nacional, que el gobierno, por otro lado, no tiene la intención política de promover.

Se lo impide, además, el Tratado de Asunción que regula el Mercosur y que prohíbe la aplicación de aranceles entre los socios del bloque. Por otro lado, las provincias de Misiones y Corrientes, cercanas políticamente a Kirchner, pedirían expresamente que no se sancione una ley por el estilo.

Según anunció este fin de semana Jorge Busti, la intención de prohibir la exportación de madera rolliza a Uruguay, «no es una solución, pero yo igual voy a promulgar esa ley». Reconoció que «algo así sólo sirve si se arma algo nacional».

Este tema había sido uno de los capítulos que desde la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú se reclamó como condición para volver a negociar con el gobernador, lo que podría suceder esta semana, en un encuentro donde de todas maneras no se trataría el tema de los cortes. El gobernador, en principio, aceptó ambos condicionamientos y manifestó su acuerdo con el proyecto de ley, elaborado por el diputado radical Osvaldo Fernández.

Según aclaró a este diario el jurista Gregorio Badeni, la norma «no es constitucional» porque «el libre comercio sólo puede ser regulado por el gobierno nacional». Si Entre Ríos aprobara la ley, violaría el artículo 75 de la Constitución nacional sancionada en 1994, que menciona en su punto primero al especificar lo que corresponde al Congreso Nacional que este Poder debe « legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación».

Violación

De esta manera una ley que apunte a prohibir la venta de madera a Uruguay violaría doblemente el artículo 75, ya que la provincia no puede imponer restricciones al comercio internacional, además de avanzar sobre la uniformidad de los derechos aduaneros en todo el territorio. Badeni agrega un tercer factor inconstitucional: las Aduanas y su administración y legislación corresponden a la Nación, no a las provincias.

De todas maneras, si se aprobara y se pusiera en práctica esta ley, su efectividad sería nula, ya que la misma madera que no se podría vender vía Entre Ríos, se trasladaría a Corrientes o Misiones (donde la norma no regiría) para ser enviada luego a Uruguay.

Así las cosas, sólo el Poder Legislativo nacional podría sancionar una prohibición de este tipo. Sin embargo, el gobierno, si enviara al Congreso el proyecto, tendría dos problemas. En primer lugar, violaría el Tratado de Asunción con el que se puso en marcha el proceso del Mercosur, y donde se afirma que los países socios (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y ahora Venezuela), no pueden imponer trabas al comercio bilateral de bienes y servicios, y que si lo hacen, la decisión sólo se justifica luego de una negociación y un acuerdo bilateral. Pensar que Kirchner y Tabaré Vázquez, o sus equipos, discutirán bilateralmente la posibilidad de prohibir la venta de madera de la Argentina a Uruguay y que llegaran a un acuerdo, cuando ni siquiera pueden sentarse a discutir la situación de la pastera Botnia, es una utopía. Si la Argentina tomara la decisión de manera unilateral, Uruguay podría luego denunciar al país en un Tribunal del Mercosur.

Hay otra razón política. Corrientes y Misiones no quieren estas limitaciones, ya que su proyecto forestal, una de las pocas inversiones florecientes en ambas provincias, incluye la venta de madera rolliza a Uruguay. Los gobernadores de ambas provincias, Arturo Colombi y Carlos Rovira, son cercanos a Kirchner, y presionarían para que la prohibición no se concrete.

Ante este panorama, las probabilidades reales para que esta ley se concrete, tanto a nivel provincial como nacional, son más que bajas. Esto seguramente lo sabe también Busti. Sin embargo, necesita avalar el proyecto, para poder sentarse a negociar con los ambientalistas de Gualeguaychú, con quienes el gobernador no tiene diálogo desde hace varios meses.