Nación y Ciudad desligan competencias por toma. Mientras, un herido

Macri junto a sus ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro y de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal.

Los gobiernos de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires volvieron a enfrentarse en torno a la usurpación de tierras y la pelea política impidió el desalojo ordenado por la Justicia de una toma de viviendas ubicadas en el barrio de Parque Avellaneda.

En medio de un clima de tensión, la toma era mantenida por un centenar de personas que ocupaban unas 200 viviendas destinadas a familias que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo, mientras era desconocida la orden de desalojo emitida por el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

En una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se quejó por el no cumplimento del desalojo y aseguró que "hay una orden de la presidenta Cristina Kirchner de no actuar", en referencia a la Policía Federal.

"Las viviendas van a ser para las familias que viven en la vera del Riachuelo", afirmó Macri.

El jefe comunal expresó su preocupación al señalar que "si mañana alguien usurpa una casa el Gobierno nacional no va actuar".

"La seguridad en la ciudad de Buenos Aires le corresponde a la Policía Federal. Si no se quieren hacer cargo de la seguridad en la ciudad que nos traspasen a la Policía", indicó.

Además, Macri aseguró que "la Federal no defendió el lugar, la gente entró y encima se llevaron las cosas que había dentro de las viviendas, como calefones y otros artefactos".

Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, aseguró que "el Gobierno de la Ciudad sabe que las usurpaciones son de su competencia".

"El Gobierno de la Ciudad sabe que este delito es de competencia local. Cuando hay una usurpación en una provincia, el gobernador utiliza su propio sistema y utiliza la policía provincial", indicó.

El titular de la cartera de Justicia dejó en claro que el Gobierno nacional no va a dar la orden de actuar a la Policía Federal, porque esa fuerza "no tiene competencia para hacerlo".

"Hoy hubo una usurpación en Esteban Echeverría, fue la Policía provincial y realizó el desalojo. El procedimiento duró no más de 30 minutos", agregó.

En tanto, los ocupante del predio en el Parque Avellaneda aseguraron que van a permanecer allí y que no tienen intenciones de dejar las viviendas.

"Nos vamos a quedar hasta las últimas consecuencias, hasta que nos den una vivienda. Estamos sin comer, sin agua, sin nada. Lo único que queremos es la casa", dijo una de las mujeres que mantienen tomado el predio, en declaraciones a la prensa.

Otra de las ocupantes apuntó contra el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo responsable de ejecutar los lineamientos de la política habitacional establecidos por el Gobierno porteño, y aseguró que les dieron "la preadjudicación".

"El que tiene la culpa es la IVC. Nos prometieron viviendas y nos dieron la preadjudicación. Nos dijeron que era para la manzana siete de la villa 1-11-14 ", indicó.

Otra de las personas que mantiene tomado el predio reveló que en el lugar "deben de haber unas 140 familias y dijo: "Nosotros llegamos primero, después se fueron sumando otras personas de la zona".

"Desde el viernes que estamos acá. Hace más de cinco meses que nos tenían que entregar una vivienda", precisó.

Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó la posición de la Ciudad frente a las declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, en relación a las viviendas tomadas en el Bajo Flores, y sostuvo que "el Gobierno nacional tiene que cumplir con la orden del juez federal Luis Armella y proceder al desalojo de la viviendas.

"Julio Alak lo sabe y miente cuando dice que la Policía Federal no tiene competencia sobre este caso. Están incumpliendo una orden", indicó.

Rodríguez Larreta explicó que "la orden del juez es bien clara: le pide a la Policía Federal y a la Policía Metropolitana que procedan al desalojo de quienes estén ocupando las viviendas".

Por su parte, el Gobierno nacional presentó en las últimas horas un escrito ante la Justicia en el que deslindó su responsabilidad en el desalojo de un predio ocupado en el Bajo Flores, y dijo que el mismo es competencia del Ejecutivo porteño.

Mediante un escrito presentado ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien dispuso el desalojo, el Gobierno Nacional deslindó su responsabilidad y cargó contra el Ejecutivo de la Ciudad.

En tanto, aún sigue firme la orden emitida por el juez Armella para que se cumpla la orden de desalojo del predio ocupado desde el pasado fin de semana y el cual está ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela de Bajo Flores.