Los jueces de la Corte Suprema, sin disidencias, creen que el gobierno busca deshacerse de un poder que lo cuestiona y reemplazarlo por jueces duhaldistas y alfonsinistas. Por eso ninguno de ellos piensa renunciar. Se reserva, todavía, el pronunciamiento sobre la legitimidad de la designación de Eduardo Duhalde como presidente de la Nación por la Asamblea Legislativa. La respuesta acentúa el «todavía», dándole un tono capcioso al diálogo con los magistrados.
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Mientras en el Congreso continúa la labor de la Comisión de Juicio Político, los jueces del alto tribunal siguen la evolución de la carga oficial contra sus sillones. Restaron importancia inmediata al fallo de la jueza Liliana Heiland contra el «corralito» y sostuvieron que hay que esperar el pronunciamiento de otras instancias antes de que les llegue a sus manos.
En diálogos informales sostienen que las Cortes Supremas de todos los países del Primer Mundo invariablemente acompañan los actos de gobierno, cualquiera sea el signo político del Poder Ejecutivo de turno, a fin de no impedir o dificultar la gobernabilidad. Sin embargo, aclaran, ese acompañamiento tiene como límite la razonabilidad de las decisiones que se adopten, tanto por el Congreso como por el Ejecutivo. Esto es lo que ha dado en llamarse, afirmaron, el equilibrio de los tres poderes, que tiene consagración constitucional.
Atribuyeron a esa función de equilibrio el fallo en el caso del correntino Smith, que terminó malquistándolos con Duhalde. Coincidieron en que el Decreto 1.570 era irrazonable y que por eso se afectaba el derecho de propiedad que también tiene raigambre constitucional, todo ello en defensa de los afectados por el «corralito».
El vocabulario de estos juristas se volvió más ríspido al recordarles que el fallo en el caso Smith no permitió finalmente la apertura de la tranquera. Uno de ellos se anima a decir que el gobierno carece de rumbo social y ni siquiera tiene lo que los norteamericanos llaman plan económico sustentable y que hace tres meses le llamaban de déficit cero. Otro, más sereno, apunta que en realidad el gobierno había violado el derecho de propiedad al dictar el Decreto 214, que mantiene el «corralito» con la tranquera cerrada después que la Corte lo declaró inconstitucional.
El más sanguíneo de todos agrega que lo que el gobierno busca es deshacerse de esta Corte que lo cuestiona para reemplazarla por jueces duhaldistas y alfonsinistas.
Aunque conocida y anticipada por este diario, insistieron en aclarar el porqué de la tozuda e interesada presencia de un reducido grupo de abogados laboralistas en los cacerolazos que se observan en la plaza Lavalle. La Corte declaró la constitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo, que beneficia al empleado al posibilitarle, entre otras cosas, el cobro seguro de la indemnización de manera rápida, sin necesidad de acciones judiciales y sin abonar los honorarios de los abogados laboralistas que, las más de las veces, se quedan con 40 o 50 por ciento del monto que corresponde al trabajador. Lamentaron que detrás de estos intereses políticos y corporativos tan burdos, muchos se hicieran eco de esas protestas interesadas por más falta de credibilidad que les inspiren los órganos judiciales.
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