No definen jubilaciones

El gobierno consiguió ayer una tregua de 7 días con el Poder Judicial. El Senado se disponía a aprobar esta madrugada la derogación del régimen de jubilaciones especiales de ex funcionarios sólo en general, a la espera de encontrar una alternativa que permita salvar a magistrados y diplomáticos del tope de emergencia de $ 3.100 para los haberes jubilatorios, durante un año.

A pedido del propio Eduardo Duhalde, que cenó anteanoche con los leales del bloque oficialista, senadores del PJ y de la oposición acordaron postergar hasta la sesión de la semana que viene cualquier modificación al texto. El presidente designado advirtió que « ya está en análisis vetar si se derogan los regímenes de jueces y diplomáticos».

«Si no hay cambios en el proyecto, puede sobrevenir una catarata de juicios como en la década del '90 que, en materia previsional, le costó al Estado entre $ 15 y $ 20 mil millones», trató de conmoverlos Duhalde. Ya estaba al tanto de que el grueso del bloque conducido por José Luis Gioja parecía decidido a convertir en ley la iniciativa, sin excepciones, según rezaba el dictamen de mayoría que avalaron, entre otros, la santacruceña Cristina Kirchner y el formoseño José Mayans.

• Costo

Antes de escuchar las palabras duhaldistas, la mayoría quería que el Ejecutivo se hiciera cargo del error de haber enviado la propuesta al Congreso, no obstante lo cual intentó corregirla una vez que había sido sancionada en la Cámara baja. De esta forma, el propio Duhalde terminó reclamando a los senadores que pagaran el costo político de no voltear las «jubilaciones de privilegio». Ante ese panorama, los legisladores habían dejado abierta la puerta a los vetos presidenciales o a una ley correctiva que obligara a los diputados a votarla, compartiendo así responsabilidades frente a la opinión pública.

Lo que pocos se atreven a explicar es que la derogación -o sea la sanción de la ley, tal cual vino del Ejecutivo (una paradoja) y de Diputados- podría resultar favorable en cuanto a eliminar privilegios de los cargos políticos, pero equivaldría a abrir un frente generalizado de conflicto con los funcionarios de carrera, sobre todo el Poder Judicial. Suprimir a sus miembros el régimen especial provocaría una declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, ya que se afectaría la intangibilidad salarial de los magistrados.

En ese sentido, el máximo tribunal dejó sentado en el caso Tobar que, tras la devaluación, resulta arbitraria una rebaja de haberes.

Por otro lado, se desataría una guerra contra los jueces, los cuales, al verse afectados, fallarían en contra de los intereses del Ejecutivo. De hecho, a pocas horas de la media sanción de Diputados, varios camaristas se pronunciaron negativamente sobre la pesificación y pusieron en jaque a Economía, todavía con el juicio político a la Corte en trámite.