Ya se presenta como un problema para el vicepresidente de la Legislatura porteña, Santiago de Estrada: no sólo ningún legislador -de los que votaron el juicio político- quiere ocupar el cargo de fiscal para sostener las acusaciones contra Aníbal Ibarra ante la Sala Juzgadora, sino que ahora tratan de interpretar la Constitución para eximirse de esa tarea.
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El macrismo pone como condición que el ARI no abandone su postura, ya que votó también por la apertura del juzgamiento al jefe de Gobierno porteño por el caso Cromañón.
Es el caso del macrismo, que firmó el dictamen acusatorio de mayoría junto con izquierdistas, mientras el ARI hizo uno propio que firmaron Fernando Melillo y Ariel Schifrin.
Según el propio Ibarra, el juicio no comienza hasta que no se presente la acusación. Ese paso puede interpretarse de dos maneras. Una: cuando Ibarra reciba la documentación que le diga cuáles son las causales de mal desempeño por las cuales se lo juzga. Otra: cuando los tres diputadosfiscales expliquen lo mismo al grupo de quince legisladoresjuzgadores.
El problema es que el macrismo no quiere aparecer aliado exclusivamente a la izquierda (que sí acepta poner un integrante en el trío fiscal) y reniega de las excusas del ARI para eludir ese papel.
El macrista Martín Borrelli -quien a pesar suyo podría terminar como acusador oficiallo explicaba así: «No puede ser que el ARI, que es la segunda fuerza en votos, se excuse y termine sosteniendo la acusación, por ejemplo, Jorge Enríquez, que tuvo 0,2% de votos o la izquierda, en la misma situación. Es poco serio», se quejaba el legislador, quien también acotó que el bloque de macristas puros tendrá nueve representantes después del 10 de diciembre y el ARI, diez. De esa manera creen que, después del ingreso de los nuevos diputados, la comisión de tres legisladores fiscales podría conformarse con legisladores recién ingresados.
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