Nombraron nuevo jefe en la Federal pero crisis no cede

¿Se apaga la crisis policial con la designación del nuevo jefe, Eduardo Prados, quien era el segundo del exonerado Roberto Giacomino? Difícilmente. Queda, en apariencia, una nueva etapa de limpieza en la guardia capitalina mientras que, en la provincia de Buenos Aires, a partir de hoy serán desplazados en la Bonaerense no menos de 30 comisarios, duplicándose por lo menos esa cifra el próximo mes, uniformados que no pueden explicar sus patrimonios ante la Justicia. Como es de imaginar, tanto revuelo en las dos cúpulas supone un estado particular de tensión -lo que es inquietante porque engloba a más de 80 mil hombres armados-, por no hablar de la afrenta que significa echar a los policías por ladrones. La política tampoco parece ajena a esta realidad: algunos comisarios marginados, aparte de prometer denuncias -como Giacomino contra Gustavo Béliz, a quien le imputaría que quiso obligarlo a reprimir en la fábrica Brukman-, afirman que un análisis de sangre sobre la fortuna de los dirigentes ofrecería el mismo saldo que el de los policías comprometidos (finalmente, muchos han actuado en sus funciones con la venia de los políticos). O sea, negocios y negocios conjuntos, más la sospecha de que también actuaron juntos en ciertos episodios trascendentes (las caídas de Fernando de la Rúa y de Adolfo Rodríguez Saá). A muchos extrañó que Néstor Kirchner -el que siempre se preocupó por omisiones o roles institucionales de la Policía- le anticipara a Eduardo Duhalde que prescindiría de Giacomino (un recomendado de Aníbal Ibarra, por otra parte), medida que se veía venir por una investigación judicial. Siempre el mandatario se mostró, desde que está en la Rosada, autónomo del bonaerense, y la expulsión tal vez no le competía ni le interesaba. Raro. Más sorprendió ayer el ministro Aníbal Fernández cuando salió a decir que «no le constaba» que Duhalde y Carlos Ruckauf (dos de sus mentores) le habían pedido al Presidente que reviera la medida del despido del jefe de Policía. Esa sola declaración constituía una insolencia para el Presidente. Por si todo esto fuera poco, fiel a su estilo, Gustavo Béliz hablaba de más, decía y se desdecía al complicar a su antecesor y ahora colega en la provincia, Juan José Alvarez, como conocedor de lo que hacía Giacomino para agregarse ingresos. El episodio se aclaró luego, pero había crispado los nervios de los protagonistas. No parece que el clima se despeje con el cambio de ayer, ni siquiera sabiendo todos que este gravoso entuerto no terminará en la jurisdicción penal.

Néstor Kirchner vio consolidar su aspiración de tener un dominio más directo sobre la Policía Federal. Instaló en la cúpula de la fuerza a dos hombres afines a su política de gobierno «moderado» que pretende imponer a su gestión.

Nombró a los comisarios Eduardo Prados y Daniel Caruso como jefe y subjefe de una fuerza de seguridad siempre complicada.

En realidad, lo que hizo Kirchner fue materializar una designación que ahora dice resultó frustrada en junio cuando intentó desplazar de la conducción al ex jefe Roberto Giacomino.

Los nombres de Prados y Caruso ya figuraban en una lista que el patagónico tenía preparada en su desembarco en la Casa Rosada y venía a formar parte del paquete de reestructuración que Kirchner planeaba para las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Pero debió postergarlos por dos motivos: la crisis que produjo el descabezamiento en las Fuerzas Armadas y también por pedido del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que temía una crisis de seguridad en Capital en el período preelectoral.

Además, Kirchner procuraba evitar una confrontación con Eduardo Duhalde, quien confirmó a Giacomino no bien asumió como presidente. El respaldo del bonaerense resultó fundamental para que Giacomino se mantuviera en el cargo hasta que saltó el escándalo de la contratación millonaria de insumos informáticos. Ayer se negó con insistencia que Duhalde haya llamado a Kirchner para interceder en la suerte del ex jefe policial.

• Perfil

La otra cuestión que incidió en demorar la salida de Giacomino fue su perfil, que le garantizaba al gobierno cierta «tranquilidad» en las filas policiales, sobre todo, porque el ex jefe de policía logró remontar la caída estructural que produjo el desplazamiento y la detención de Rubén Santos.

Y también logró estabilizar los índices delictivos con los operativos cerrojo que cercaron la Capital del delito que se desplazaba desde el conurbano bonaerense. En épocas de elecciones resultaba una jugada riesgosa imponer un cambio que podía ser resistido dentro de las fuerzas policiales.

Esa situación duró hasta la semana pasada, cuando Giacomino fue desplazado por presuntas irregularidades en una contratación de servicios de computación para la Policía.

El nuevo jefe de la Federal, Eduardo Prados, tiene 53 años y es un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en lo que se denomina como Policía Comunitaria.

Antes de llegar a la conducción pasó por el área de Planeamiento de esa institución y estuvo al mando de la Superintendencia de Asesoría Institucional.

Daniel Caruso es un hombre que tiene como antecedente el haber sido secretario del ex jefe de la Federal durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Juan Angel Pirker. En la última semana estuvo a cargo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas.

Caruso es comisario mayor, por lo que su designación derivó en el reemplazo por «cuestiones de antigüedad» de cuatro comisarios generales, grado al que ascenderá a fin de año.

Además de la designación de los nuevos jefes, el gobierno avanzó ayer en su embestida contra Giacomino.

A través de la Oficina Anticorrupción (OA), el gobierno pidió ser parte querellante en la causa que investiga el juez Juan José Galeano sobre presuntas contrataciones directas a empresas pertenecientes a sus familiares por dos millones de pesos que involucran al ex jefe de la Policía Federal.

La OA dejó en el despacho de Galeano todas las pruebas que constan en poder del gobierno, al solicitar ser querellante, y propuso acusar a Giacomino por el delito de presunto «incumplimiento de los deberes de funcionario público», agravado por «la circunstancia de parentesco y la modalidad impuesta al trámite de las organizaciones».

«La idea es cooperar con la investigación en marcha, sugerir medidas y aportar todo lo que sea relevante», explicó el director de Investigaciones de la oficina dependiente del Ministerio de Justicia, Manuel Garrido.

Según la presentación hecha ante Galeano, la OA precisa que las irregularidades cometidas por Giacomino y el comisario general Raúl Marcelo Pigretti «constituyen delitos contra la administración pública que afectaron el patrimonio del Estado.