El kirchnerismo de Diputados desarmó ayer la única modificación que el Senado había introducido al proyecto de promoción de inversiones en bienes de capital e infraestructura que el gobierno envió al Congreso. En esa iniciativa, similar a la que en su momento impulsó Roberto Lavagna para las pymes y que despertó de su sueño cuando el ex ministro volvió al redil kirchnerista, se había fijado como autoridad de aplicación para otorgar los beneficios al Ministerio de Planificación Federal. Después de una visita de Martín Lousteau a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los senadores kirchneristas decidieron modificar el texto firmado por Cristina de Kirchner y darle ese poder al ministro de Economía. Así lo votaron en el recinto.
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Pero la idea no gustó en la Casa Rosada y ordenaron a los diputados volver al texto original. Agustín Rossi dio instrucciones entonces para modificar lo votado y anoche el proyecto quedó dictaminado tal como lo pidió la Presidente: será Julio De Vido y no Lousteau quien maneje ese cupo de promociones para empresas y pymes de $ 1.200 millones.
Pero todo tiene sus costos. Con la reforma, el proyecto deberá volver nuevamente al Senado antes de convertirse en ley, por lo que será difícil que Cristina de Kirchner lo tenga aprobado para el 1 de marzo, cuando visite el Congreso para inaugurar el período de sesiones ordinarias.
Ayer, los diputados del oficialismo reunieron todas las comisiones para emitir los dictámenes de los proyectos que votarán en las sesiones del próximo miércoles y jueves y llegar así a tiempo a sancionar las leyes que pidió la Casa Rosada.
Competencias penales
En Asuntos Constitucionales, por ejemplo, Graciela Camaño debutó como presidente dictaminando, junto a la Comisión de Legislación Penal, a favor del proyecto de ley que establece la transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro caso similar fue el de la Comisión de Transporte, que lidera la salteña Zulma Daher. En un trámite rápido se aprobó por unanimidad la ratificación del convenio federal que plantea impulsar medidas de seguridad vial en todo el país y que forma parte del proyecto de ley -demorado para finales de marzo- con el que Cristina de Kirchner quiere establecer un régimen único de registro de conducir por puntos para todo el país, además de fijar parámetros de seguridad para todas las provincias y crear una agencia que aplique el Plan Nacional de Seguridad Vial.
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