24 de agosto 2020 - 14:40

Obra pública: otro testigo debilita acusaciones contra Cristina de Kirchner

Un empleado de planta permanente del Senado ratificó que la asignación de obra pública a las provincias es el resultado de una "decisión política colectiva". Alejandro Álvarez sostuvo que los pedidos provienen de "diputados, intendentes y concejales" de todo el país.

Cristina Fernández

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Foto Senado de la Nación.

Otro testigo debilita las acusaciones contra la expresidenta Cristina Fernández en el juicio que se sigue sobre el supuesto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Baez.

Un empleado de planta permanente del Senado, convocado para hoy, ratificó que la asignación de obra pública a las provincias es el resultado de una "decisión política colectiva”.

El testigo explicó que además están los controles posteriores que estaban a cargo de la Auditoría General de la Nación. "El control de todos los gastos del Estado está en la Auditoría General de la Nación y en algo poco conocido, una Bicameral de Fiscalización de gastos de todo el Estado que aprueba ejercicios pasados", subrayó

Alejandro Álvarez, empleado de planta permanente del Senado de la Nación desde 1994 declaró ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio que se reanudó de manera semipresencial.

"A mí me llega el pedido, se hace un estudio de factibilidad, técnico legal", sostuvo al explicar que los pedidos provienen de "diputados, intendentes y concejales" de todo el país.

Tras recibir pedidos de obra por parte de legisladores, gobernadores, intendentes y concejales de todo el país, en la Comisión donde se discute el Presupuesto se confecciona una planilla en base a lo que es "viable técnicamente", explicó. La discusión sobre la asignación de obras a una u otra provincia dijo que "es una definición política".

El testigo ratificó que la Cámara de Diputados "autoriza la obra" pero aclaró que la oportunidad o no de hacerla “es facultad del Ejecutivo, la facultad del Legislativo es autorizar el gasto", detalló.

Alvarez explicó que además están los controles posteriores que estaban a cargo de la Auditoría General de la Nación. "El control de todos los gastos del Estado está en la Auditoría General de la Nación y en algo poco conocido, una Bicameral de Fiscalización de gastos de todo el Estado que aprueba ejercicios pasados", explicó el testigo.

“Los senadores tramitan sus pedidos de obras a través de la Comisión de Presupuesto de Diputados" y agregó que por la "complejidad del Presupuesto sería un problema que los senadores hicieran una corrección" posterior. "Habría que volver a iniciar todo en Diputados", explicó. "La Comisión de Presupuesto funciona en la práctica como una comisión de Presupuesto para todo el Congreso", concluyó.

El juicio continuará mañana a las 9.30 con otros dos testigos, dos ex directivos de la empresa "Loscalzo y Del Curto Construcciones", que fue vendida a Báez.

Mañana las testimoniales no serán presenciales, sino por videoconferencia ya que uno de los testigos comparecerá desde el Escuadrón Calafate de Gendarmería y el otro desde el Tribunal Oral de Río Gallegos, ciudades donde residen.

La semana pasada, el secretario de Hacienda de la Nación, y exsubsecretario de Preupuesto, Raúl Rigo, declaró que las obras que son objeto de investigación en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, fueron informadas al Congreso al momento de someter a su consideración la ley de presupuesto correspondiente a cada uno de los respectivos ejercicios anuales.

La declaración fue en relación al trámite parlamentario para la aprobación del Presupuesto, los organismos encargados de controlar su ejecución, la posibilidad de modificarlo y las partidas destinadas a la obra pública nacional entre 2003 y 2015.

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