Obra pública: técnicos descartan irregularidades presupuestarias

Política

Integraban la Oficina de Presupuesto y aseguraron que no se direccionaron partidas a Santa Cruz. Se debilita hipótesis de la acusación.

En una nueva audiencia en el juicio conocido como Vialidad, otros dos testigos hicieron tambalear el principal argumento de la acusación contra la Vicepresidenta Cristina de Kirchner y otros doce imputados. Se trata de personal técnico que estaba encargado de la confección de los presupuesto con partidas para obra pública, Luis Clemente Rajuán y Analía Iris Sánchez Zolezzi. Según la hipótesis de la fiscalía se destinó más dinero para obras viales a la provincia de Néstor y Cristina Kirchner que al resto de las jurisdicciones y, a su vez, que la adjudicación de esas obras benefició al empresario Lázaro Báez. Sin embargo, ambos funcionarios afirmaron bajo juramento que no hubo irregularidades en la confección de las leyes presupuestarias votadas por el Congreso durante el período 2003-2015, ni en la reasignación de partidas. Esas declaraciones se suman a las de Raúl Rigo, exsubsecretario de Presupuesto entre 2002-2017, que afirmó que las partidas destinadas a las obras investigadas en el juicio fueron auditadas por los órganos de control, y aprobadas también por el Congreso.

Según explicó Rajuán, no solamente las Cámaras de Senadores y de Diputados tienen la potestad de aprobar o no las partidas propuestas por el Poder Ejecutivo sino que, además, el Parlamento tiene mecanismos para el control de la ejecución de dicho presupuesto. En línea con lo que declaró este lunes Rigo, Rajuán afirmó que el Congreso aprobó dentro de los plazos establecidos las cuentas de inversión correspondientes a todos los períodos investigados, en las cuales se informaba de manera particular cómo habían sido ejecutadas las obras. El punto al que quieren arribar las defensas --sobre todo la de CFK-- es que si el planteo es que hubo desvíos de dinero o discrecionalidad en los presupuestos, también deberían estar en el banquillo de los acusados todos los y las legisladoras que los votaron y los ex Jefes de Gabinete que los firmaron.

Uno de los argumentos de la acusación para asegurar que Santa Cruz recibió más obras que el resto del país está centrado en la densidad de población. Según la fiscalía, se destinaron obras a la provincia patagónica que no se condicen con la cantidad de habitantes. Es decir, que hay distritos más poblados, como Buenos Aires o Santa Fe, que recibieron menos obras. Pero Rajuán desmintió categóricamente que ese sea un elemento que determine la cantidad de obras destinadas a una jurisdicción, sino que se tienen en cuenta cuestiones sociales y de política nacional en materia vial y de conectividad.

El testigo desmintió, además, que haya habido irregularidades en la reasignación de las partidas presupuestarias y destacó como un mecanismo habitual la delegación de la ejecución de las obras en los organismos viales de cada Provincia.

Por su parte Zolezzi, quien actualmente se desempeña como subdirectora nacional de Presupuesto, coincidió en los criterios políticos y sociales para definir la asignación de partidas para obras y explicó en detalle cómo se conforma un proyecto de presupuesto.

Por las medidas de prevención del covid-19, las audiencias se están desarrollando de manera semipresencial. Los jueces del TOF2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso; un secretario; un empleado del tribunal y los testigos estuvieron en Comodoro Py. Mientras que la fiscalía, las defensas y los organismos querellantes participan vía Zoom. Bajo esta misma modalidad, la semana que viene está prevista la declaración de dos testigos más propuestos por las defensas.

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