La licitación está ahora en manos del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Normando Costantino. Tiene que dictar el acto administrativo, ad referéndum del jefe de Gabinete, rechazar las impugnaciones a Traktel SA y admitir la participación de los cuatro oferentes a la segunda etapa. Luego, el expediente se gira a la Jefatura de Gabinete para dictamen de Legal y Técnica. Una vez resuelto, vuelve a la Fuerza Aérea, que comunicaría formalmente que todos están en carrera para la segunda etapa: resultará ganador quien mejor nota obtenga en el mix entre calidades técnicas y menor precio.
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El trámite burocrático llevaría cuando menos entre 40 y 60 días, en la evaluación más optimista. Aviadores, empresas oferentes, abogados del Estado y legisladores tienen un mismo interrogante: ¿por qué no se presentó el líder en la industria bélica, Norhrop, en lugar de hacerlo a través de una firma local contratada que complicó todo el proceso? La respuesta más cercana a la realidad tiene que ver con la renuencia de las contratistas de defensa estadounidenses a conceder «prórroga de jurisdicción». No desean litigar en posibles contenciosos en la Justicia argentina. Hay antecedentes: en la operación de venta de aviones A4-AR, Figthinghawks, se fijaron los tribunales de Nueva York para dirimir controversias. Lo mismo sucede con la negociación de venta de aviones Saab para LADE que está en curso; los motores pertenecen a una fábrica de los Estados Unidos que pide someter los contenciosos a tribunales de aquel país.
A favor de la política de Northrop habría que mencionar que el ejemplo criollo lo dio Roberto Lavagna en la primera parte del gobierno de Néstor Kirchner, quien en las condiciones del canje de la deuda del Decreto Nº 1.735/2004 dispuso conceder la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York, de Londres y de Tokio.
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