Orden redundante

El gobierno piensa igual que el Congreso sobre los verdaderos efectos de la ley que modificó el cómputo para los plazos de prescripción de causa, pero no quiere pagar el costo político de terminar dejando impunes casos de corrupción. Por eso, instruyó que se aceleren las causas pendientes y no se deje dormir expedientes para interrumpir la prescripción de esos juicios. El funcionario clave en el este tema es, sin duda, Abel Fleitas, jefe de la Oficina Anticorrupción, que comenzó cometiendo uno de los fallidos jurídicos más graves que se recuerden. Creyendo bajar la presión sobre Néstor Kirchner por no haber vetado la ley, Fleitas declaró que la aplicación de la nueva ley no es retroactiva. De esa forma creyó despejar la idea de una liberación masiva de corruptos y criminales. Fleitas es abogado, pero olvidó desde los principios básicos del derecho hasta el archiconocido Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza la aplicación de la ley penal más benigna.

Ayer, Fleitas recibió una carta de Alberto Fernández, jefe de Gabinete: «A efectos de evitar dilaciones judiciales que conduzcan a la prescripción de acciones penales en el marco de lo estatuido en la materia por la Ley 25.590, lo instruyo expresamente a efectos de que promueva los actos procesales necesarios que garanticen la prosecución de los juicios en la búsqueda de la verdad y el castigo a los responsables».

Fernández quiere que Fleitas le «haga saber del listado de todas aquellas causas en las que la Oficina Anticorrupción sea parte o tenga intereses de conformidad con las funciones que le son propias», tal como lo ordenó en la nota. Es decir, le ordenaron que haga lo que la Oficina Anticorrupción debió hacer desde el primer día.