Organismos de DDHH celebran remoción de dos jueces de B. Blanca

La designación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, fue aprobada tras una votación que arrojó 6 votos a favor y 6 votos en contra y que debió ser desempatada por la jueza Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo de la Magistratura.

Funcionarios nacionales y referentes defensores de de derechos humanos destacaron la decisión del Consejo de la Magistratura de designar al juez Alejo Ramos Padilla al frente del juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, que lleva adelante causas de lesa humanidad, entre ellas las que investigan al empresario de medios, Vicente Massot.

La designación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, fue aprobada tras una votación que arrojó 6 votos a favor y 6 votos en contra y que debió ser desempatada por la jueza Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo de la Magistratura.

El juzgado Federal 1 de Bahía Blanca estaba subrogado por Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, ambos cuestionados por obstaculizar el avance de causas que investigan delitos de Lesa humanidad. Los dos fueron removidos.

Durante el debate del Consejo disertaron Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Eduardo Hidalgo, referente bahiense de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Hugo Cañón, fiscal de Bahía Blanca y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros organismos. También estuvo el fiscal Miguel Palazzani, quien se refirió a la situación de las causas paralizadas por el accionar de Martínez.

En contra de la medida votaron los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas y los legisladores radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdés.

En un encendido y emotivo discurso, Vázquez denunció la existencia de "un festival de subrogancias en la localidad sureña y de cesantías a funcionarios en tiempo récord". Sostuvo que ésta era la primera vez que la Cámara Federal de Bahía Blanca hacía una consulta ante ese cuerpo judicial nacional, mientras que ante los tribunales de aquella ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires se realizan manifestaciones populares de protesta.

Luego de señalar que no había que perder de vista la razón por la cuál se había creado el Consejo de la Magistratura, la jueza Vázquez se preguntó si "con lo que se está viviendo en Bahía Blanca se asegura la eficaz prestación del servicio de Justicia". "Nunca vi un conflicto tan intenso y prolongado como el que está viviendo la justicia de Bahía Blanca", en el tratamiento de las causas de derechos humanos por crímenes cometidos durante la última dictadura militar, expresó Vázquez.

Al término de la sesión, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, dijo que "está demostrado que Ulpiano Martínez obstaculizaba las causas por delitos de lesa humanidad. Son muchas las denuncias que acumuló por mal desempeño", recordó. "Primero se negó a tomarle declaración al cura Aldo Vara por sus delitos, por lo que se fugó y murió impune en Paraguay. Tampoco investigó los delitos sexuales dentro del centro de detención, y no citar al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot", agregó.

El diputado nacional y nieto recuperado Horacio Pietragalla manifestó que la designación de Ramos Padilla significa "la continuidad de las causas por delitos de lesa humanidad", y agregó que también implica "mayor transparencia y celeridad".

"Creemos que es importante que se nombre a un juez que no sea de Bahía Blanca, porque ya vimos que la justicia de allá no avanza con los juicios por delitos de lesa humanidad", enfatizó.

El fiscal Palazzani quien junto a su colega José Nebbia integra la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca se mostró de acuerdo con la decisión. "Estamos conformes con la decisión que tomó el Consejo, nos parece que es adecuada, es legal y constitucional, ya que brinda soluciones a un problema muy complejo en Bahía Blanca que era la gravedad institucional", dijo.