Pacto UCR-gobierno para cerrar el juicio político a la Corte

El acuerdo se selló en el Sheraton de Retiro y está pendiente de verificación para el próximo miércoles, 3 de julio. Ese día se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados, por iniciativa del radicalismo, el juicio político a la Corte. Es el problema político más delicado que generó el propio gobierno: cualquier convalidación judicial del «corralito» o del canje de depósitos por bonos requiere un clima de armonía con la cabeza del Poder Judicial. Los principales gerentes políticos del gobierno (Atanasof, Pampuro, Matzkin) y gobernadores y legisladores decisivos de la UCR acordaron que el partido de oposición colaborará en la reunión del martes próximo para que los votos favorables a la acusación no lleguen a los 2/3, proporción exigida para que el juicio político quede consolidado. En tal caso, el gobierno cree que podría recrear el diálogo con los jueces, capaz de favorecer la aprobación judicial que evite el «goteo» que, por vía de amparos, se viene registrando en el sistema financiero. Ayer hubo un fallo clave sobre el tema: la jueza federal Liliana Heiland declaró la inconstitucionalidad de todo el sistema de pesificación y devaluación en el país. Es la primera medida judicial sobre el fondo de la cuestión.

Eduardo Duhalde no esperó a que Raúl Alfonsín, Leopoldo Moreau, Federico Storani y Jesús Rodríguez abandonaran formalmente su barco para establecer un eje de interlocución distinto con la UCR. Desde hace más de dos semanas, sus principales colaboradores tejen un acuerdo con la otra ala del radicalismo, que inicialmente debería expresarse a nivel parlamentario. El último episodio de esas gestiones tuvo lugar la noche del jueves de la semana pasada: una comida en el hotel Sheraton reunió a los duhaldistas Alfredo Atanasof, José Pampuro y Jorge Matzkin con los radicales Angel Rozas, Pablo Verani, Horacio Pernasetti, Carlos Maestro, Fortunato Cambareri y Mario Capello. El tema de discusión allí fue, principalmente, la situación procesal de la Corte Suprema de Justicia en el juicio político que se le inició en la Cámara de Diputados. Pero también se habló de la perspectiva electoral del país y de los dos partidos tradicionales.

El conflicto con la Corte se ha convertido para Duhalde en el problema institucional más espinoso desde que asumió a comienzos de año. También, en una de sus mayores demostraciones de torpeza política: mantener la suspensión de derechos de los ahorristas («corralito») y enemistarse al mismo tiempo con el organismo que debe convalidar esa limitación a las garantías. No hubo en el oficialismo operador capaz de resolver ese problema hasta ahora: ni los exabruptos de Carlos Soria ni la diplomacia jurídica de Jorge Vanossi, pasando por la ciclotimia de Eduardo Camaño, quien pasó de pretender la expulsión física del tribunal con apoyo del conurbano a la negociación discreta con Eduardo Moliné O'Connor, el juez con mayor sensibilidad política de los nueve que forman el alto cuerpo.

En la comida, los peronistas se resignaron: debía ser el radicalismo, partido de abogados, el que finalmente Angel Rozas reponga la paz con los magistrados. Pernasetti insinuó que algo se podría hacer en ese sentido: «Nosotros hablamos con la Corte y, es cierto, allí ustedes no están del todo bien», dijo el catamarqueño, como quien sube el precio de la gestión. Desde el lado peronista, Matzkin aclaró enseguida qué es lo que se esperaba: «Nosotros no queremos que ustedes hagan una operación política; pretendemos un acuerdo parlamentario acotado, para la sesión del 3».

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En efecto, el 3 de julio está previsto que la Cámara de Diputados trate los pedidos de juicio político contra los ministros del tribunal. Para que la acusación quede sustanciada se requerirían 2/3 de los votos, mayoría que se podría alcanzar con la confluencia de un sector del PJ, el ARI y la UCR, más expresiones no tan numerosas, pero que seguramente votarán porque se avance en el proceso. «Lo que queremos es que administremos el número sin que se llegue a esa cifra, de tal manera que el tema caiga y se cierre por falta de votos», explicó Pampuro.

Los radicales admitieron que ellos podrían ayudar con el número, pero que eso no significaría -»y tiene que quedar claro esta noche», dijo Pernasetti- votar en contra del juicio político. «Eso lo tienen que hacer ustedes solos y bancarse el griterío del ARI», aclaró Verani, quien no quiere repetir el episodio de Amanda Isidori, a quien tuvo que sacar del recinto del Senado para que se pudiera derogar la ley de «subversión económica», lo que le trajo la enemistad de otro comensal de esa noche, el chubutense Maestro.

Terminado el ritual parlamentario, se pasó al tema que más angustia hoy a los radicales: la fecha de las elecciones. Nada les resulta más letal hoy a los herederos de Hipólito Yrigoyen que la presencia de una urna, lo cual resulta una paradoja cruel para un partido que nació pidiendo comicios libres. Atanasof y sobre todo Matzkin tranquilizaron a los radicales: «Nadie quiere adelantar las elecciones y el que menos quiere es Duhalde, no se engañen».

Pampuro quiso avanzar un poco más y aconsejó: «Nosotros necesitamos que ustedes estén bien, que lleven una buena candidatura a las elecciones de 2003». Le pidieron explicaciones, y el secretario y operador de Duhalde aclaró: «Todo indica, hoy por hoy, que habrá ballottage y ahí tenemos que jugar juntos, con un pacto explícito y alguna forma de cogobierno». A los radicales les resultó simpática la idea. Tanto que hasta hicieron un amago, falso por cierto, de pagar la comida.