El Senado aprobó anoche la nueva ley que regula el PAMI, hecha casi a medida del gremialista Luis Barrionuevo. Sorpresivamente, el delegado catamarqueño convenció al bloque PJ de que levantara las manos en masa ayer, a pesar de que hasta hace unos días subsistían serias discrepancias domésticas sobre la iniciativa (de hecho, no se pudo bajar el tema al recinto por las disidencias, entre otras cosas, porque -a juicio de los gobernadores-no se descentralizan las prestaciones hacia el interior).
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La obra social contará con una «caja» más grande: a los $ 2 mil millones de aportes de trabajadores en actividad y del Estado se podrán sumar ingresos extra del Tesoro dentro del Presupuesto Nacional. El PAMI tendrá un remozado directorio, en el cual el Ejecutivo perderá mayoría, y esta última posición pasará a manos de los jubilados, elegidos en asambleas fácilmente controlables para los sindicatos.
Además, para disponer la intervención del PAMI, el gobierno de turno necesitará un pronunciamiento de la Auditoría General de la Nación y, luego, la aprobación del Congreso. Similar al procedimiento para intervenir federalmente una provincia.
El renovador salteño Ricardo Gómez Diez se opuso a la sanción y propuso, en cambio, una iniciativa propia (suscripta también por el neuquino Pedro Salvatori) destinada a provincializar los servicios.
El radical rebelde, Juan Carlos Passo, fue abucheado por sus críticas al proyecto barrionuevista: las galerías habían sido copadas por abuelos fanáticos del presidente de Chacarita Juniors. Eduardo Moro (UCR-Chaco) se animó a sugerir algunas correcciones para que el PAMI pueda establecer acuerdos operativos con los gobiernos del interior. Pero no tuvo eco.
Actualmente, el PAMI atiende a 3.200.000 afiliados; es decir, que hay 270 jubilados por cada empleado, cuando los especialistas en tercera edad consideran que esa proporción debería ser 1.000 a 1 entre abuelos y agentes.
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