La planta de Botnia en Fray Bentos estará en condiciones plenas de comenzar a producir pasta celulosa en la primera quincena de setiembre; casi dos meses antes de lo que se estipulaba al comienzo del proyecto, cuando se evaluaba noviembre como el momento indicado. El dato fue girado a fines de la semana pasada desde la sede de Botnia en Uruguay hacia Finlandia, donde luego se aprobaron los nuevos plazos. Sin embargo, y para tratar de cuidar el aspecto político, Botnia no será oficialmente inaugurada con un acto público y abierto con la presencia del presidente uruguayo Tabaré Vázquez y el resto de la clase dirigente del país vecino (tal como se había afirmado en un principio), para no empeorar las relaciones con la Argentina. La decisión de la empresa, luego de evaluar la situación con el gobierno de Vázquez, es que luego de las elecciones presidenciales de octubre en la Argentina se realice algún tipo de ceremonia con un perfil más bien bajo.
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El anuncio de la fecha de comienzo de las operaciones de la pastera será presentado simplemente con una conferencia de prensa, sin la presencia de funcionarios uruguayos y con ejecutivos regionales de la papelera. El avance de las obras fue reconocido hace unos días por el gerente de producción de la planta, Eugenio García, que confirmó que la obra civil «está casi terminada» y que sólo faltan detalles en parte del equipamiento. Destacó que «se ha avanzado en la verificación y pruebas de agua, aire, electricidad y vapor» y que está operativa la planta de bombeo de agua del río. El funcionario sostuvo que la planta de tratamiento de agua y las purificadoras también están funcionando aunque aclaró que «se toma poca agua del río y en forma intermitente el agua que se utiliza vuelve al río en su mayor parte, salvo la que se usa como vapor».
Ante el adelantamiento de la fecha de comienzo de las operaciones de Botnia, altas fuentes del gobierno argentino reconocieron que oficialmente «nada puede hacerse» y que la posibilidad de una relocalización es ahora «algo utópica», aunque se insistirá políticamente en el reclamo. Recordaron que si finalmente se determina desde el Tribunal Internacional de La Haya que la planta es contaminante, Botnia y Uruguay están obligados a cerrar el proyecto, no importe que esté operativo o no, ya que en su momento la Corte determinó que la continuidaddel levantamiento de la pastera era responsabilidad del país vecino.
Oficialmente desde el gobierno uruguayo continuarán las gestiones diplomáticas, cada vez con menos ímpetu por cierto, que se realizan en dos escenarios: con la «facilitación» del rey Juan Carlos de España, y en La Haya.
En el primer caso, el tema será conversado por Cristina Fernández de Kirchner en Mallorca, cuando la primera dama se encuentre con el rey Juan Carlos de España (ver nota aparte). La candidata agradecerá la gestión que realiza el monarca a través del embajador español ante las Naciones Unidas, José Antonio Yáñez Barnuevo, pero protestará por la falta de información que aportó Uruguay para estas negociaciones. El gobierno de Tabaré Vázquez no contestará, y aguardará hasta el fin de semana cuando nuevamente vuelvan a encontrarse las partes en Nueva York para discutir la situación. Aquí, el eje de la posición uruguaya continuará siendo que no se está dispuesto a negociar mientras continúen los cortes en Gualeguaychú.
En cuanto a la posición de Uruguay ante La Haya, la semana pasada los negociadores del país vecino presentaron su memoria en la fase escrita del contencioso, como contestación al documento que ya había enviado la Argentina el 15 de enero. El contenido de la memoria es confidencial hasta que se abra el período de contestaciones orales; pero no se descarta que la fase escrita del litigio pueda contar con una segunda ronda de argumentaciones, en la que la Argentina tendría la oportunidad de contestar posibles nuevos argumentos de Uruguay. La decisión sobre si se abre o no esta segunda ronda dependerá de los jueces de La Haya, a partir de los eventuales pedidos que se hagan desde Buenos Aires o Montevideo.
La Argentina elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, sosteniendo que el país vecino violó el Tratado del Río Uruguay, firmado en 1975, cuando autorizó la construcción de dos celulosas en la ribera del río que divide los dos países. Según el Estatuto del Río Uruguay, la administración de los recursos del río debe ser conjunta entre los dos países. En principio estaba planeada la ubicación de dos plantas de celulosa -una de la finlandesa Botnia y otra de la española ENCE-, pero la segunda decidió reubicar su fábrica en Uruguay en Punta Pereira, sobre la ribera uruguaya del Río de la Plata, con lo que podría evitar en un futuro problemas derivados del contencioso en La Haya.
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