Papeleras: senado entrerriano aprueba la Ley de la Madera que impide la venta a Uruguay
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Aunque de esta restricción queda exceptuada "la madera con destino a plantas industriales instaladas en otras jurisdicciones cuyos responsables demuestren fehacientemente la transformación de la misma en tales establecimientos, y la que se emplee para tijeras, estacas y rodrigones".
"A efectos de posibilitar que se le agregue valor a la madera en la provincia se procurará incentivar la radicación de nuevas industrias, así como el apoyo a la modernización de las existentes", señala también la ley.
Y establece penalidades para quienes no obedezcan a los artículos anteriores, tales como el "decomiso"; la "clausura temporal o definitiva de los establecimientos forestales, extractivos, comerciales y de transporte"; y "multas por el valor de cinco mil a 50 mil litros de nafta súper".
En este marco establece como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, organismo que actuará en coordinación con la cartera de Producción y podrá solicitar el auxilio de la policía para el cumplimiento de sus obligaciones y requerir mandatos judiciales al efecto.
Luego de las exposiciones de los senadores Julio Majul, Luis Alberto Luna, Juan Ramón Fleitas y Héctor José Strassera, a escasos minutos de las 13:00, se puso a consideración el proyecto de ley, que recibió una votación afirmativa de ocho contra tres.
Según se sostuvo en los fundamentos de la ley, la idea de los senadores está orientada hacia un doble propósito: "Por un lado que Entre Ríos no sea proveedor de materia prima de ese tipo de empresas -por las celulosas- y por el otro lograr incrementar la incorporación de valor agregado para el sector maderero provincial".
Reconocieron que para su mejor aplicación resultaría necesaria una norma nacional, y por ende sancionada por el Congreso Nacional, en atención a que están en juego el Código de Comercio y el Código Aduanero, dispositivos ambos de jurisdicción federal", explicaron.
Pero remarcaron: "Sin embargo, ante la inacción de las autoridades del gobierno central, se impone un análisis severo que lleve a que se articule una norma provincial que atienda el dominio de los recursos naturales del que habla la Constitución Nacional".




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