Para Gobierno, quienes critican reforma previsional "son financiados" por AFJP

Aníbal Fernández

El proyecto oficial para modificar el régimen previsional desató ayer las primeras polémicas entre el Gobierno y un grupo de economistas que criticó duramente la reforma y advirtió sobre los peligros que generaría en las futuras jubilaciones un éxodo masivo al sistema de reparto.

Para el Gobierno, quienes opinan de esta manera "son financiados por la Unión de AFJP", y "ven peligrar un curro que les ha venido bárbaro en los últimos tiempos".

Así lo afirmó el ministro del Interior, Aníbal Fernández, al salir al cruce de las duras críticas que abarcaron diversos aspectos, como el destino y manejo de fondos por parte del Estado, hasta la efectividad de la iniciativa que será enviada al Congreso nacional.

Por ejemplo, el economista Orlando Ferreres sostuvo que la medida tiene que ver con una intención de "pasar gente al sistema del Estado porque ahí no hay una cuenta innominada a nombre de uno, y se tiene que compartir".

A modo de respuesta, el ministro enfatizó que los fondos del sistema de reparto no son innominados, sino "de afectación específica", es decir que "no se puede tocar para otra cosa que las jubilaciones".

Por su parte, el economista Manuel Solanet sostuvo que "los jubilados no han sido los privilegiados en la asignación de los fondos".

"Esto es mentira", respondió más tarde el ministro del Interior, quien agregó que el Gobierno destina actualmente "42.000 millones de pesos", un monto superior a "los 13.000 millones" que se destinaban en 2003.

Respecto del mote de "demagógica" que algunos críticos le pusieron a la medida impulsada por el Gobierno, Fernández sostuvo que "esa es la expresión más fácil de los economistas liberales".

"Cuando uno toma decisiones para el bien común a ellos les molesta, pareciera que las decisiones tendrían que pasar por el mercado", añadió.

El economista Daniel Artana fue otro de los que cuestionó el proyecto oficial de reforma previsional al señalar que "dentro de cinco años, el efecto neto de esto va a ser de 5.000 millones de pesos por año" de costo adicional para las arcas del Estado.

"En general, en el mundo están tratando de buscarle la vuelta, porque el sistema de reparto tiene problemas", explicó Artana, a lo que Fernández respondió que "no se van a vaciar las cajas de jubilaciones".

"No se pueden vaciar las cajas, los jubilados tienen garantizados sus fondos", indicó el ministro quien aseguró que el proyecto del Gobierno es "no despilfarrarlos".

Asimismo, recordó que "los juicios (al Estado por las jubilaciones) arrancaron cuando Artana era funcionario del Palacio de Hacienda".

Pero también los economistas Juan Carlos de Pablo y Miguel Ángel Broda criticaron el proyecto.

De Pablo advirtió sobre un posible manejo "discrecional" de los fondos que ingresarán en las cajas del Estado.

Mientras que Broda estimó que esta reforma va a "agravar el problema fiscal de la Argentina".

"Esto es un paso atrás y va en contra de la mejor jubilación que tiene la población, que es la que aporta un sistema privado", consideró Broda.

En tanto, para el titular del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, la reforma "puede provocar una fuga al sistema estatal porque la gente perdió la fe a las AFJP".

Y para el diputado porteño y economista Jorge San Martino es una "fantasía" la posibilidad de que "la gente vuelva al régimen de reparto" porque, se trata de un régimen "que no ha dado buenas repuestas" mientras estuvo vigente.

Pero el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, también salió a defender la medida oficial al calificar de "peligroso y dañino" el actual régimen privado de jubilación a través de las AFJP y sostener que este sistema tomaba como "rehenes" a los aportantes.

"Peligroso y dañino era el sistema de capitalización, donde quienes aportaban no podían salir y había generado la obligatoriedad" de los contribuyentes, que caían en él automáticamente si no habían optado entre él o el de reparto, afirmó el ministro.