Parrafos salientes

Del libro de Nicolás Márquez "La otra parte de la verdad".

«Silenciar una opinión es robar a la humanidad porque, si esa opinión es verdadera, se le roba a la humanidad una verdad, y si no lo es, se roba a la verdad la mayor fuerza que hubiese obtenido gracias al choque y la colisión con el error», sostenía Stuart Mill. Pero ocurre que respecto de nuestros intrincados años setenta, sólo existe una opinión monopólica que no admite al respecto la menor disidencia. Y no sólo eso; la propaganda oficial tergiversa, miente e ideologiza los hechos en forma escandalosa.

La amnesia intelectual de nuestros opinólogos y corifeos de la revancha los hace olvidar que la Argentina vivió una guerra interna desatada por poderosas organizaciones terroristas durante una interminable década, con la correspondiente y obligada respuesta militar, que se vio forzada y exhortada a intervenir, tanto en el campo de las armas como en el político, a fin de repeler la agresión con un saldo de víctimas y muertes cuyas secuelas parecen no disiparse nunca.

Dentro de las más de cien millones de personas que la izquierda supo asesinar durante el siglo XX, se hallan contabilizadas las muertes ocasionadas por la guerrilla marxista en América latina, la cual se desarrolló implacablemente con el auxilio de la tiranía castrista de Cuba.

El Perú constituye uno de los ejemplos más penosos, puesto que la guerra en este país dejó un saldo de 30.000 muertos y 20.000 millones de dólares de costo para el Estado. El principal responsable de este desastre fue el terrorista Abimael Guzmán, cabeza de la organización político-militar Sendero Luminoso y acólito de Stalin, Mao Tse Tung y del camarada Pol Pot. A modo anecdótico y para visualizar el perfil de estos gurúes, recordemos aquel episodio en que el emperador de Etiopía, Haile Selassie, cuando visitó China en 1971, durante una conversación con Mao Tse Tung, le preguntó qué costo en vidas había tenido la República Popular China, el triunfo del comunismo en su país. «Cincuenta millones», contestó Mao. «Pero si eso es el doble de la población de Etiopía», replicó Selassie estupefacto.

«Pero es apenas el cinco por ciento de la población china», minimizó Mao.

Ernesto «Che» Guevara llegó a afirmar, refiriéndose a ese ideologizado sentimiento, como factor de lucha: «Necesitamos el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de los límites naturales al ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar.

Nuestros soldados tienen que ser así». «Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirles tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles, y aun dentro de los mismos: atacarlo dondequiera que se encuentre, hacerlo sentir una fiera acosada en cada lugar que transite.»

Otras fuerzas menores que actuaban con similar violencia e igual finalidad fueron las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) y las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). Todas estas organizaciones terroristas poseían diferencias en cuanto a metodologías o estrategias, pero todas comulgaban plenamente en el objetivo final: la instauración de la «patria socialista» por vía de la violencia.

El bautismo de fuego ( belicosamente hablando) lo encabezaron los montoneros cuando el 29 de mayo de 1970 secuestraron al ex presidente de la República Pedro Eugenio Aramburu, asesinándolo luego el 2 de junio. Ese hecho fue considerado por Perón como « políticamente correcto y útil a la causa peronista».

El gobierno provisional de entonces, ante el desconcierto creado por la subversión, creó por Ley 19.053, el 28 de mayo de 1971, la Cámara Federal en lo Penal para juzgar las actividades terroristas. Esta reacción política y jurídica demostró que la actitud del gobierno militar fue combatir a la guerrilla bajo el imperio de la ley, creando para ello el marco jurídico-legal propicio. Esta cámara logró con rapidez durante los años 1971/'72 juzgar y procesar a dos mil terroristas.

El propio Jacobo Timerman, en su ensayo «Preso sin nombre, celda sin número», afirmó: «La aplicación de métodos legales a la represión suprime uno de los grandes ingredientes que explota la subversión: el carácter de la represión ilegal».

«La guerrilla... no pudo competir. Y, sin embargo, no fue derrotada en el terreno ideológico, moral, porque sigue esgrimiendo la irracionalidad de la represión, el abuso del poder, la ilegalidad de los métodos. Y ésa es su carta de triunfo.»

«La represión ilegal no se puede mantener indefinidamente. Cuando se detiene, el terrorismo regresa armado con un bagaje de martirologio.»

El 14 de junio de 1973, el ministro del Interior, Esteban Righi, reconoció que la ola de ocupaciones de edificios había tocado su pico más alto: «180 en el día».

El ministro de Justicia quiso intervenir, pero el Dr. Luder lo paró diciéndole: «Señor ministro, la decisión ha sido tomada». Al día siguiente, se convocó a todos los gobernadores, se creó el Consejo de Seguridad y se comenzó a operar en todo el país. Empezaron a producirse las desapariciones: a partir de noviembre de 1975, fueron unos 35; en diciembre, 90; en enero siguiente, 155; en febrero, 84; y en marzo, 130. ¿Qué estaba indicando todo esto?: que había una doctrina militar en vigencia, que se encontraba involucrado mucho personal militar, y que ésos eran los procedimientos por seguir, pero también se sabía que estaba el riesgo de convertirlos en ilegales. Esto lo sabían las autoridades constitucionales, pero nadie levantó la voz.

«La Opinión»: «Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres» (Tapa 19 de marzo de 1976).

«La Opinión»: «Una Argentina inerme ante la matanza» (Tapa 23 de marzo de 1976).

«El terrorismo ha causado 1.358 muertes desde el 25 de mayo de 1973, así desglosadas: 66 militares, 136 miembros de las policías provinciales, 34 de la Policía Federal, 677 civiles y 445 subversivos.»

Durante la panacea republicana obrante entre el 25 de mayo de 1973 y el 23 de marzo de 1976 se produjeron más de 65.000 atentados, superando los 2.000 por año, 180 por mes, 6 por día, un atentado cada 4 horas. Entre mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976, murieron por el accionar terrorista 1.358 personas y no se dictó ni una sola condena a ningún guerrillero.

«La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos.» Ernesto Sabato.

Hombres de la izquierda no armada de la Argentina integraron cargos en el gobierno, y al segundo año de producido el golpe, una declaración firmada por los izquierdistas Ghioldi, Rubén Iscaro y Francisco Nadra, decía: «El mensaje de Videla abre la perspectiva de una nueva etapa del proceso político en curso, la etapa de iniciación del fecundo cambio de opiniones entre militares y civiles sobre el futuro inmediato del país y sus posibilidades a largo plazo».

Dos años después, en 1978, Sabatoratificó su opinión diciendo a la revista alemana «GEO»: «La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos». (El de Isabel Perón.)

«Desgraciadamente, ocurrió que el desorden general, el crimen y el desastre eran tan grandes que los nuevos mandatarios no alcanzaban ya a superarlos con los medios de un Estado de derecho...; los extremistas de izquierda habían llevado a cabo los más infames secuestros y los crímenes monstruosos más repugnantes

(...) Sin duda alguna, en los últimos meses, muchas cosas han mejorado en nuestro país; las bandas terroristas han sido puestas en gran parte bajo control.» (Sabato.)