14 de mayo 2014 - 21:26

Parrilli, sobre fallo por el acuerdo con Chevron: "Quieren ensuciar a Cristina"

El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, señaló que "no hay ninguna acusación ni imputación" contra la presidente Cristina de Kirchner, al salir al cruce de publicaciones sobre la investigación judicial del acuerdo entre YPF y Chevron.

"La denuncia es por la firma del decreto que reglamenta el régimen de las inversiones hidrocarburíferas en las áreas no convencionales (...) El fiscal (Eduardo) Taiano la desestimó porque dijo que no había colisión entre el decreto y la ley. La jueza (María Servini de Cubría) entendió que no era así", explicó Parrilli.

En este sentido, señaló que ahora la Cámara Criminal y Correccional Federal, que coincidió con Servini de Cubría, pide que "investiguen si ese decreto está en colisión con la ley de Hidrocarburos", lo que no supone que "investigan a la Presidente".

Al respecto, en una entrevista que le concedió a la radio La Red, Parrilli sostuvo que "no hay ninguna acusación o imputación" contra la mandataria y rechazó también que la causa judicial tenga algo que ver con el acuerdo entre Chevron e YPF.

"La Presidente firmó un decreto, no firmó ningún acuerdo con Chevron. Quieren sembrar dudas y suspicacias para ensuciar a la Presidenta. No hay ninguna acusación ni nada", sostuvo y agregó que "la Cámara simplemente dice que no se desestime la denuncia sin analizar el decreto".

La Sala II de la Cámara Federal en un fallo dividido ordenó que se siga investigando una denuncia contra el acuerdo YPF Chevrón por lo que coincidió con el criterio que había adoptado la jueza federal María Servini de Cubría y anuló el dictamen del fiscal Eduardo Taiano por el cual se había desestimado la denuncia contra la Presidente por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.

El fiscal Taiano había considerado que no había delito al considerar que no hubo "irregularidad o inobservancia legal", por lo que hace "descartar la tipicidad de las conductas denunciadas".

Pero la Cámara Federal consideró que "existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado", y coincidió con el criterio que había adoptado la jueza federal María Servini de Cubría.

La denuncia la habían hecho los diputados de Nueva Izquierda Alejandro Bodart y Enrique Viale por la firma del decreto 929/2013.

Según los denunciantes, el acuerdo benefició a la firma Chevron en cuanto a la explotación del yacimiento Vaca Muerta y remarcaron la posibilidad de que se produzca daño ambiental por el sistema de extracción del gas y petróleo no convencional, llamado "fracking".

"El dictamen cuestionado no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa", dijo la Cámara, con la firma de los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun.

En su voto, el tercer camarista, Eduardo Farah, avaló el rol de contralor de la Fiscalía sobre las denuncias penales y votó por mantener el dictamen del fiscal.

"Es necesario señalar que, además, la conclusión a la que arribó el fiscal no sólo estuvo anclada en una visión estrictamente formal de los hechos, sino también parcializada, pues ha soslayado otros aspectos que fueron incluidos en la ampliación de la denuncia", señaló el Tribunal.

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