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El fiscal Taiano había considerado que no había delito al considerar que no hubo "irregularidad o inobservancia legal", por lo que hace "descartar la tipicidad de las conductas denunciadas".
Pero la Cámara Federal consideró que "existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado", y coincidió con el criterio que había adoptado la jueza federal María Servini de Cubría.
La denuncia la habían hecho los diputados de Nueva Izquierda Alejandro Bodart y Enrique Viale por la firma del decreto 929/2013.
Según los denunciantes, el acuerdo benefició a la firma Chevron en cuanto a la explotación del yacimiento Vaca Muerta y remarcaron la posibilidad de que se produzca daño ambiental por el sistema de extracción del gas y petróleo no convencional, llamado "fracking".
"El dictamen cuestionado no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa", dijo la Cámara, con la firma de los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun.
En su voto, el tercer camarista, Eduardo Farah, avaló el rol de contralor de la Fiscalía sobre las denuncias penales y votó por mantener el dictamen del fiscal.
"Es necesario señalar que, además, la conclusión a la que arribó el fiscal no sólo estuvo anclada en una visión estrictamente formal de los hechos, sino también parcializada, pues ha soslayado otros aspectos que fueron incluidos en la ampliación de la denuncia", señaló el Tribunal.




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