Mientras observa con urgencia los movimientos de sus aliados en el Senado, el oficialismo avanzó con dos proyectos importantes en sus pretensiones de proyección internacional y captación de inversiones: el acuerdo de pago a dos fondos buitre y el régimen de Súper RIGI. El Gobierno busca llevar ambas iniciativas a una sesión en Diputados el próximo 24 de julio.
Paso firme del Gobierno en Diputados en dos de sus prioridades: Súper RIGI y pago a fondos buitre
Con apoyo de sus aliados, de los que incorporó sugerencias en el régimen de inversiones, el oficialismo consiguió mayorías en plenarios.
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El Gobierno volvió a consolidar una mayoría en Diputados.
El proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" ("todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”) consiste en un marco de beneficios por 30 años para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años. Asimismo, inhibe a extender el régimen a aquellos sectores que hayan ingresado al RIGI e incluso a las que se focalicen en “instalaciones preexistentes”. Desde su redacción original hasta la dictaminada, sufrió ocho modificaciones, vinculadas a incentivos de inversión y registraciones. Consiguieron 61 firmas de apoyo, provenientes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales.
Por su parte, y también con la objeción principal de Unión por la Patria, se dictaminó el proyecto de pago a dos fondos buitre, correspondientes a bonos del 2001, por u$s171 millones. Se trata de los holdouts Bainbridge ltd. y Attestor Value Master Fund, quienes habían iniciado un proceso de discovery para embargar activos argentinos. En el litigio judicial, enmarcado en los Estados Unidos, se estableció como fecha límite de la aprobación del Congreso para el 30 de junio. El proyecto fue aprobado en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra.
Súper RIGI: el debate en Diputados
Durante el plenario, se expresaron las modificaciones realizadas a la redacción original del Súper RIGI. Por solicitud del MID, que fue representada el espacio por Eduardo Falcone, se incluyó una cláusula que establece que "el plan de negocios tiene que incluir un compromiso de inversión en proveedores locales de al menos del 20% del total del proyecto", así como un incentivo de inversión de investigación y desarrollo dado que cada dólar destinado a ese sector se computará doble para el compromiso de inversión necesaria, fijada como mínimo en u$s1.000 millones.
Por su parte, el PRO solicitó la creación de un registro público de proyectos y la institucionalización de un proceso de evaluación antes de ejecutar la prórroga. "Esta es una forma de adelantar la normalidad", definió Daiana Fernández Molero, que señaló que "en la Argentina en la que uno querría vivir, los supuestos tienden a ser estos que tiene el Súper RIGI". Este medio pudo conversar con los bloques que solicitaron los cambios, quienes señalaron que se formalizó la solicitud a través de referencias legislativas libertarias (Bornoroni y Benegas Lynch, en este caso). También se refirieron a la presencia de sectores primarios en la defensa del proyecto, que está destinado a industrias: "Vinieron a defender al RIGI, porque el régimen venía sufriendo criticas", respondió uno de los aliados.
"Con esto vamos de cabeza, ante cualquier situación, ante el CIADI", se lamentó Germán Martínez, presidente del bloque peronista, que planteó que se omitieron tres debates: "Qué inversiones queremos traer, bajo qué condiciones queremos que vengan y hacia qué modelo económico queremos apuntar". "Va a generar una asimetría cada vez más fuerte entre aquellos sectores económicos que están teniendo oportunidades en este modelo que está planteando el presidente Milei y el resto de los sectores económicos y productivos de la Argentina", agregó.
Dictamen de fondos buitre en Diputados
En la reunión del plenario, explicaron el acuerdo los funcionarios Sebastián Amerio (Procurador del Tesoro) y Juan Ignacio Sampalija (Secretario Legal del Ministerio de Economía), quienes detallaron que se consiguió un recorte del 35% con Attestor Value Master Fund., a los que hay que abonarles u$s104 millones, y del 30% con Bainbridge Ltd, a los que se les pagará u$s67 millones.
Ambos representan los últimos casos de litigios de holdouts en la Justicia estadounidense, con excepción del de Euclides Bugliotti. "Esto elimina el riesgo de intentos de embargos y discovery sobre nuestra República", explicaron los funcionarios, que aclararon que los gastos legales quedan a cargo de los acreedores.
El peronismo rechazó la iniciativa y presentó su propio dictamen, señalando que se estableció una discusión con limitado tiempo de debate y que se vulneran los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana establecidos por las Naciones Unidas. Vanesa Siley consideró que el acuerdo "puede resolver la afectación del principio de equidad con los otros acreedores, porque sino nuestro país se encuentra en la situación de premiar a los vivos con mucho poder y no a aquellos que entraron a las reestructuraciones" .
Proyecto de Súper RIGI
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