Tras acusar en un primer momento a grupos vinculados con Luis Patti, la Casa Rosada sumó ayer su sexto día de silencio oficial sobre el secuestro del militante kirchnerista Luis Gerez. Y la falta de resultados en la investigación ya empieza a jugarle en contra: el líder del PAUFE demandará a funcionarios del gobierno por las pintadas que sus militantes realizaron en las calles de Escobar, que piden «paredón a Patti».
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«En la marcha que se hizo en Escobar hubo actitudes golpistas gravísimas, en especial del Movimiento Evita de Emilio Pérsico. Eso implica una violación a la Ley de Defensa de la Democracia y por eso vamos a presentar una demanda contra el vicejefe de Gabinete de Felipe Solá», adelantó ayer Patti a este diario.
Patti orienta su contraataque judicial en tres direcciones: tanto en la Cámara de Diputados como en el Concejo Deliberante de Escobar y en la sede partidaria del PAUFE ya se impartió la orden de preparar las demandas que se presentarán la semana que viene en la Justicia.
La Ley 23.077, sancionada el 9 de agosto de 1984 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, llamada Ley de Defensa de la Democracia, crea un procedimiento penal especial para casos de actos de violencia que tienen por fin atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. Esta norma, además, anuló las leyes llamadas de «represión a la subversión» (la Ley 20.840 dictada por el gobierno peronista y la Ley 21.338, dictada por el gobierno militar).
Patti aclaró que el principal destinatario de su accionar judicial será Pérsico, funcionario bonaerense y líder piquetero. «Es muy grave que me hayan acusado a mí sin ningún fundamento (por el secuestro de Gerez) pero peor es atentar contra la Constitución nacional y el sistema democrático con pintadas como las que aparecieron. Espero que los jueces reaccionen», disparó Patti, recurriendo casi a los mismos argumentos con los que lo hostigan desde el oficialismo.
No es éste el primer despertar cívico-institucional del ex intendente de Escobar: cuando el Frente para la Victoria impugnó su diploma de diputado electo --lo habían votado 393.000 bonaerenses-, Patti presentó ante embajadas extranjeras una recopilación de documentos en tapa dura titulada «Crónica de un retroceso democrático», donde dejaba constancia de su falta de antecedentes penales ante la Justicia.
El secuestro de Gerez, un albañil de 51 años que había testificado en mayo del año pasado ante la Cámara de Diputados cuando se impugnó el diploma de Patti por presunta inhabilidad moral, se produjo apenas 15 días después de que el jefe del PAUFE lanzara formalmente su candidatura a gobernador bonaerense. «No sé a qué responde lo de Gerez, pero un sector del oficialismo debe ser fuertemente investigado y el Presidente debe desmentir que nadie del kirchnerismo estuvo involucrado en esto», aseguró el ex subcomisario.
El Presidente había pedido el vienes por la noche la inmediata aparición de Gerez y la defensa del estado de derecho, en un discurso por cadena nacional. Pero tras la aparición del dirigente de «Pensar Escobar», ni Kirchner ni sus ministros volvieron a tocar el tema. Un silencio oficial que recuerda al hermetismo surgido tras la derrota del gobernador kirchnerista Carlos Rovira en Misiones -que proponía la reelección indefinida-ante el obispo emérito de Puerto Iguazú, Joaquín Piña.
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