Pelea K por los jueces suplentes

«El régimen de designación de jueces subrogantes será definido antes de que expire el plazo impuesto por la Corte Suprema, el próximo 23 de mayo», aseguró el miércoles pasado el senador kirchnerista Nicolás Fernández, luego del debate que comenzó en el Congreso para renovar el sistema de elección de magistrados suplentes.

Fernández es consejero de la Magistratura y preside a su vez la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que se encuentra en pleno análisis de los proyectos que han sido presentados para renovar el sistema de jueces suplentes.

El año pasado, el máximo tribunal había declarado inconstitucional el actual método, que habilita al Consejo a designar a su antojo a quienes ocupen cargos de esa naturaleza. También había fijado el 23 de mayo de este año como plazo para renovar ese sistema, a través de una sanción de ley.

Hace dos semanas, la diputada K Diana Conti había afirmado ante este diario que el plazo de la Corte iba a tener que ser prorrogado, «ya que difícilmente pueda haber una definición a corto plazo en este tema».

Los consejeros hiperoficialistas ya tienen cada uno un proyecto presentado (en Diputados y en el Senado), al igual que sus compañeros en el Consejo: el senador radical Ernesto Sanz y el diputado Oscar Aguad.

Los proyectos tendientes a establecer un mecanismo de reemplazo para los casos en que los magistrados sean recusados, se excusen o tomen licencias tienen algunas diferencias entre sí.

«Mientras que para Conti el plazo de duración del subrogante puede ser ilimitado, para nosotros no debe serlo. Además, el Ejecutivo en estos casos de subrogancia no debe tener derecho a veto, como propone la diputada», sostuvo ante este diario Aguad.

Según el proyecto presentado por los radicales, la Cámara de Apelaciones de cada jurisdicción elevará al Consejo una lista de prosecretarios y secretarios de juzgado que deberá ser evaluada por el organismo, y tras la selección, deberá ser enviada a Presidencia. La diferencia con los nombramientos de jueces titulares radica, de acuerdo con el documento radical, en que el Poder Ejecutivo no podrá vetar a ninguno de los elegidos, dejando en esa lista a todos los seleccionados, que terminarán siendo avalados por el Senado.