Perjudica a la Argentina el informe del Banco Mundial por papeleras pero pide más estudios

El informe de técnicos del Banco Mundial profundizó la brecha entre el país y el Uruguay al repartir las cargas: perjudica a la Argentina cuando afirma que no habría daño catastrófico si se construyen las plantas de celulosa en Fray Bentos. También, al calificar la posición de los ambientalistas de Entre Ríos de «irracional». Eso lo festejó el gobierno de Montevideo que, sin embargo, no logró que ese documento lo favoreciese completamente: critica a las empresas por no proveer la información completa sobre los eventuales daños al medio ambiente. Lo más eficiente contra los intereses de la posición uruguaya es que el informe recomienda, por ahora, no desembolsar los créditos a las empresas Botnia y ENCE. La lectura del documento interesa por el ejercicio que han hecho los expertos al evaluar las opiniones de las asambleas con ambientalistas que se hicieron en Buenos Aires y Montevideo a la luz de la experiencia internacional. Es en ese balance donde la posición oriental sale beneficiada porque el Banco Mundial dice que nunca las plantas proyectadas sobre el río Uruguay contaminarían más que el promedio internacional. Este mal menor, claro, no satisface los reclamos de los críticos a la construcción, que ayer sumaron otro corte en Colón, algo que perjudica al turismo que intenta aprovechar el receso de Semana Santa.

Facsímil del nuevo estudio de impacto ambiental realizado por dos técnicos canadienses. Recomiendan profundizar estudios sobre contaminación.

Un nuevo estudio pedido por el Banco Mundial a dos expertos canadienses sobre el impacto ambiental que ocasionaría el funcionamiento de las dos procesadoras de celulosa en Fray Bentos avaló la posición argentina sobre contaminación, aunque aclaró, sin embargo, que no habrá daños catastróficos. Además, ese organismo crediticio dijo que se pospondrá una decisión sobre el financiamiento de las plantas hasta que se complete un informe sobre los efectos medioambientales.

Los científicos canadienses Wayne Dwernychuk y Neil McCubbin concluyeron en que «faltó información detallada sobre el procedimiento que utilizarán las empresas», pero consideraron como « irrazonables» los comentarios esgrimidos por la Argentina de que las fábricas puedan causar daños dramáticos. Recomendaron, en cambio, el monitoreo de las descargas ambientales de las plantas y la implementación de procedimientos operativos en ese sentido.

Una vez que el esperado estudio tomó estado público, las opiniones de las partes involucradas resultaron dispares y cada una optó por darle su propia apreciación.

Por la Argentina, el director de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela, dijo que era « sensacional».

«El Banco Mundial sostiene que para saber cuánto contaminan las plantas hay que saber cómo es el proceso y lo que se establece en el informe es que desde el Uruguay y desde las empresas no se dice cómo será ese proceso», explicó. Esta, precisamente, era la condición que el presidente Néstor Kirchner quería incorporar en el frustrado documento que iba a rubricar junto a su par uruguayo, Tabaré Vázquez. De acuerdo con la exigencia argentina, ese relevamiento debería ser exhaustivo y encarado por expertos independientes, preferentemente de América latina o el Mercosur, para evitar interferencias de técnicos europeos.

Interpretación

Desde Montevideo, el canciller Reinaldo Gargano interpretó que había objeciones de carácter menor y que las plantas no eran contaminantes. «Existe tranquilidad en el gobierno porque el informe no cambia nada», agregó confiado.

En tanto, el canciller no descartó la posibilidad de retomar las negociaciones con la Argentina, ahora truncadas, ya que «nada está muerto».

El informe fue realizado a pedido de la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo dependiente del Banco Mundial, entidad que financiará parte de la construcción de las plantas de la española ENCE y la finlandesa Botnia. Estas conclusiones serán incorporadas al estudio preliminar realizado en diciembre (por pedido argentino), que también había sugerido profundizar el análisis de los fluidos, gases y sólidos resultantes de la producción de las plantas. Advirtió entonces en que el emprendimiento cumplía con los « requisitos técnicos» y no tendría efectos ecológicos, sociales o económicos negativos de relevancia.

«Las afirmaciones de que el primer estudio de impacto acumulativo de la CFI, Botnia y ENCE no han suministrado suficiente información sobre la propuesta de diseño, procedimientos de operación y monitoreo ambiental de las plantas, son en general válidas», se insistió ahora.

El informe admite también que «los comentarios que expresan la preocupación de que las plantas causen daños ambientales catastróficos carecen de sustento, son irracionales e ignoran la experiencia de muchas otras modernas plantas de kraft de celulosa blanqueada; sin embargo, algunos comentarios que sugierenmejoras en ciertos aspectosdel diseño, definiciones de procedimientos operativos y monitoreo de las descargas ambientales de las plantas son válidos, y ameritan implementación».

Sobre el proceso de « blanqueo», la nueva evaluación aclaró que «carecen de fundamento» las afirmaciones de que solamente es aceptable un procedimiento totalmente libre de cloro (TFC), como había propuesto en algún momento durante la controversia el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, al analizar una propuesta de la agrupación ecologista Greenpeace.