Picolotti: hablan de "complot"

Romina Picolotti

El gobierno debió dedicar gran parte de la jornada patria a reposicionar a sus dos mujeres en conflicto. Además de subir al avión que iba con rumbo al acto de Tucumán a la ministra de Economía, Felisa Miceli, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se esforzó por dejar claro a quien se lo preguntara que Romina Picolotti es una funcionaria «de bien».

La «defensa» que ensayó el jefe de Gabinete ayer tendrá hoy su primera prueba de fidelidad, cuando la secretaria ecológica le entregue personalmente un detallado informe por escrito, en el que deberá explicar cada una de las sospechas por presuntas desprolijidades en el manejo del área de Ambiente que fueron denunciadas mediante una «investigación» del diario «Clarín».

En cuanto a estas revelaciones, el jefe de Gabinete consideró que «algunas cuestiones, como las designaciones que se denuncian, son ciertas, pero también muchas tienen una mala intencionalidad y son exageradas».

De todos modos, el jefe de ministros mantuvo ayer varios contactos telefónicos con la abogada cordobesa para recordarle el compromiso de hoy: «Si hay responsabilidades, seré el primero en tomar medidas», le dijo.

En paralelo, el diputado nacional del ARI Adrián Pérez concretará hoy una denuncia penal contra la funcionaria, por presunta «malversación pública y defraudación». No es el único sector dispuesto a investigarla: esta semana, el bloque de senadores nacionales del radicalismo podría activar un pedido de interpelación, idéntico al que prevé para Miceli.

Duda

Con todo, a pesar de que Picolotti puso su renuncia a consideración del Presidente, la continuidad de la ex abogada de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú al frente de la Secretaría de Medio Ambiente parecía garantizada. En principio, el gobierno duda de la buena fe de la investigación del matutino, porque sospecha que detrás de la información publicada está la voluntad de «Clarín» de tomar represalia por una multa por contaminación que la funcionaria le aplicó a Papel Prensa, empresa de la que el monopolio es socio, junto con el Estado. También responsabiliza de las denuncias a Bruno Carpinetti, un funcionario de la Secretaría de Picolotti echado del organismo que, por despecho, habría distribuido una carpeta con la documentación que aparece en el artículo.

«Lo que presenta Carpinetti tiene muy mala intencionalidad porque saca a relucir algunas cosas que son verdad y otras que están exageradas y no son como se las plantea», defendió ayer Fernández.

En esa línea, agregó: «Parte de la información es correcta, especialmente en el tema de las designaciones, pero está presentado de una manera que lo hace lucir perverso».

Mientras tanto, desde Entre Ríos, la provincia que catapultó las aspiraciones de la funcionaria, surgieron también algunas sospechas. Aunque en montos menores que los descritos en el orden nacional, la provincia habría solventado, en los últimos dos años, distintos gastos hechos por la abogada. El más reciente, cuando una comitiva provincial, encabezada por la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, viajó en junio de 2006 a La Haya, a observar las audiencias de la Corte Internacional de Justicia en torno a la disputa por las papeleras, ya como secretaria de Ambiente de la Nación, y asesora ad honorem de la provincia, cobró 13.800 pesos «para la atención de gastos de traslado, movilidad e imprevistos».