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A consecuencia de la guerra civil, El Salvador fue beneficiado en 1990 con el TPS, y entre 100.000 y 200.000 salvadoreños -el gobierno estadounidense dice no contar con cifras más precisas- se acogieron a este estatus.
Aunque ese TPS venció en 1992, diferentes mecanismos continúan permitiendo a la mayoría de esos salvadoreños trabajar en Estados Unidos legalmente.
En marzo de 2001, el gobierno estadounidense concedió un nuevo TPS a los ciudadanos de El Salvador que hubieran ingresado antes del 13 de febrero de ese año, a consecuencia de los efectos devastadores de los terremotos que sufrió ese país a principios de 2001.
La protección vence en septiembre y aunque el gobierno salvadoreño ha solicitado la renovación, aún se desconoce la decisión final de Washington.
Los otros países latinoamericanos beneficiados por el TPS son Honduras y Nicaragua, con una medida adoptada el 30 de diciembre de 1998 por la Administración Clinton como consecuencia de la devastación causada en esos países por el Huracán Mitch.
Los hondureños y nicaragüenses que ingresaron a Estados Unidos hasta la fecha en que se adoptó esa medida pudieron acogerse entonces al TPS, para recibir documentación legal.
El TPS es una medida provisoria, como su nombre lo indica, ya que otorga a los beneficiados permisos legales de residencia y trabajo por un determinado período de tiempo, de un máximo de 18 meses, aunque puede ser renovado.
A Honduras y Nicaragua les fue concedido por un período de 18 meses, que se fue renovando periódicamente. El próximo vencimiento es el 5 de julio de este año, y aún es incierto si será renovado o no, a pesar de los múltiples pedidos de que así sea por parte de los gobiernos de ambos países centroamericanos.




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