PJ: fiscales cuestionan que presente varias fórmulas

Dos fiscales electorales de la Capital Federal cumplieron ayer con el gesto legalista de avalar en la teoría las decisiones del polémico congreso duhaldista del PJ de hace dos semanas pero las impugnaron si se llevan a la práctica.

Los dos funcionarios judiciales respondieron a un traslado que pidieron las partes que pelean en la Justicia la validez o no de los neolemas y del poder del congreso PJ para designar el candidato del peronismo a las elecciones presidenciales.

Advirtieron, sin embargo, que el sistema de neolemas ocasionaría graves obstáculos al electorado, a los adherentes y al propio partido «por la confusión que producirá la existencia de más de un candidato por un mismo partido y con la posibilidad de que ellos tengan plataformas electorales que se diferencien».

Según los fiscales, esta decisión de los neolemas es legal pero no se ha concretado aún en la práctica y reclamaron que se les dé vista del expediente cuando se hayan efectivamente inscripto los candidatos, si ello prospera.

Citan, sin embargo, el código electoral para decir que no está establecida la cantidad de candidatos que puede llevar un partido a una elección.

En una opinión que rechaza también la pretensión duhaldista, dicen que atribuirle a una comisión de notables la misión de elegir candidatos -otra decisión del polémico congreso de Lanús- «excede la representación que los afiliados confieren a los congresales» y desvirtúa el concepto de representación democrática».

Estas opiniones las debe tener en cuenta la jueza María Servini de Cubría al decidir hoy el fondo de esa causa, sobre la que concedió ya un amparo en beneficio del sector menemista (piden que haya internas y no neolemas). No implica que deba seguir los mismos lineamientos a la letra. Más cuando el dictamen de los fiscales parece favorecer a los dos sectores en pugna: reconoce la validez teórica de las decisiones del congreso pero rechaza su concreción en la práctica. Un modelo de profesionalismo jurídico.

Los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda afirmaron que la realización de internas es el procedimiento político para elegir candidatos, pero la decisión de dejar sin efecto las mismas por el congreso del Partido Justicialista (PJ) fue tomada dentro de las facultades que tiene ese cuerpo.

Los fiscales dictaminaron ante el planteo de nulidad formulado por apoderados de la fórmula Carlos Menem-Juan Carlos Romero, contra la reunión celebrada el 24 de enero en Lanús, en la que se determinó que los postulantes se presentaran directamente en las elecciones generales.

Menem y Romero, a través de apoderados, habían solicitado la realización de internas el 23 de febrero próximo y lograron que la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría dictara una medida cautelar nombrando un veedor -Ramón Ruiz- para la junta electoral del PJ.

En la acción de amparo reclamaron, además de que se disponga la «obligatoriedad» de los comicios primarios, que se prohíba cualquier decisión del congreso que constituya una alternativa diferente de las elecciones internas para designar postulante partidario.

En su dictamen -que no es vinculante para Servini de Cubría- Di Lello y Alvarez Berlanda desdoblaron el análisis de la cuestión en dos aspectos: el político y el legal.

En tal sentido recalcaron que las decisiones en materia política no son susceptibles de revisión en la Justicia «sin perjuicio de lo cual entendemos -señalaron- que la forma más transparente, acabada y genuina de funcionamiento democrático es la elección interna de los candidatos».

Desde el punto de vista legal, «cuyo control es obligatorio» por la fiscalía, « la COP como régimen principal, el congreso partidario como máxima autoridad, la elección de los congresales por el voto directo de los afiliados, la convocatoria y quórum conforme a derecho, se encuentran debidamente cumplimentados». Así, concluyeron que « la decisión de dejar sin efecto las elecciones internas dispuesta por mayoría en el congreso nacional del PJ del 24 de enero de 2003 ha sido adoptada dentro del marco de posibilidad que la COP le confiere a ese cuerpo representativo, configurando la participación de los congresales una de las formas posibles de la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos».

Con respecto a la autorización conferida a Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá para presentarse como candidatos a presidente «la función de esta fiscalía es tan sólo el control de legalidad de la decisión adoptada por el organismo partidario competente».

Como el proceso tramita según las normas del Código Nacional Electoral, Di Lello y Alvarez Berlanda le recordaron a Servini de Cubría que, para evitar eventuales planteos de nulidad, «debería realizar» una audiencia entre las partes. (Ver nota aparte.)

Pese al respaldo a la suspensión de los comicios partidarios, la fiscalía advirtió que, desde el punto de vista político, «la forma más transparente, acabada y genuina de funcionamiento democrático es la elección interna de los candidatos para las elecciones correspondientes al período 2003-2007».

Además, subrayaron que la resolución del PJ «es una declaración política que aún no se ha transformado en acciones positivas», por lo que se reservaron el derecho de volver a pronunciarse cuando las tres fórmulas se presenten formalmente a la justicia electoral. Los menemistas también se opusieron a la decisión de que el propio Menem,Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner se presenten simultáneamente en las elecciones generales, pero la fiscalía también respaldó esa decisión.

Sin embargo, advirtió que esto puede «soslayar graves obstáculos al electorado, adherentes y a la propia agrupación, por la confusión que producirá la existencia de más de un candidato por un mismo partido y con la posibilidad de que ellos tengan plataformas electorales que se diferencien en algunos puntos».

Este argumento es el que, seguramente, usará la jueza Servini hoy en su dictamen si como creen los menemistas les avalarán las elecciones internas del 23 de febrero o el 2 de marzo -según los plazos que están corriendo se impone una postergación-.