Policía con menos pasividad ante desmanes de piqueteros
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Piqueteros del MIJD de Raúl Castells cortaron ayer las calles aledañas al Ministerio de Trabajo. Trataron de ingresar por la fuerza, pero fracasaron en su intento.
Por el primer hecho, Tomada realizó una denuncia en la Justicia federal, y el juez Norberto Oyarbide abrió una causa por presunta privación ilegítima de la libertad. Pero resulta que el ministro desistió de sostener los cargos y prefirió aferrarse al concepto que se impone desde el gobierno, que es el de «no criminalizar la protesta».
Sobre esta cuestión recibió un llamado de atención el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Béliz, en una reunión con los empresarios católicos. Ese sector le reprochó la política de inacción que el gobierno mantiene con los piqueteros, y pusieron de ejemplo la pasividad con la que actuó la Policía ante el ataque a la sede de la empresa Repsol YPF.
«La Policía recibió órdenes del fiscal de no actuar y de apresar a los agresores una vez desconcentrado el foco que agrupaba a los piqueteros», les explicó Béliz a los empresarios.
De todos modos, el gobierno sigue sin tener una política clara en esta materia. Viene desoyendo un fallo de la Cámara de Casación (ley para todos los jueces) que dice que el corte de rutas es delito. Quizá, lo haga esperando la sentencia que hoy puede emitir la Corte Suprema de Justicia. El procurador sustituto, Luis González Warcalde, le sugirió que no se penalicen los cortes de ruta.
La protesta de los « piqueduros» tendrá su pico de máxima tensión el viernes, cuando las
agrupaciones de desocupados saquen todas sus huestes a las calles en un abierto desafío a las milicias oficiales que conduce el ultrakirchnerista Luis D'Elía. Dicen que van a movilizar a unos 10 mil y que el gobierno los verá cuando se instalen en la Plaza de Mayo.
Será el fin de la Semana de Lucha Nacional que los piqueteros iniciaron el lunes y su quinto día de protestas en Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Santa Fe.
En sintonía, se realizó media docena de cortes de ruta en regiones del interior de Tucumán y piquetes móviles en varias provincias, en demanda de un sueldo básico de 350 pesos para los estatales y de 6.000 módulos alimentarios mensuales para los desempleados.




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