Por un atajo legal, Nación y Ciudad podrán eludir al Congreso para traspasar el Servicio Penitenciario a la órbita porteña

Los equipos que intervienen en las discusiones advirtieron una normativa que les permitiría evitar ir al Parlamento para que sea aprobado. Contrario a lo que consideraban en un primer momento, se podría concretar "vía acuerdo entre las partes".

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

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El Gobierno de la Ciudad y su par de Nación continúan con las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo para el traspaso de presos. En ese marco, aseguran que el entendimiento podría sea formalizado sin necesidad de que pase por el Congreso, contrario a lo que preveían en un primer momento. De todas maneras, la decisión final quedará atada a la voluntad del Ejecutivo nacional. En paralelo, se aceleran las discusiones en la Legislatura por la creación del Servicio Penitenciario local y el proyecto de Ejecución de Pena.

Los equipos ministeriales de ambas jurisdicciones continúan trabajando sobre el borrador que en junio envió la cartera que conduce Patricia Bullrich a su par porteño, Horacio Giménez, y a Gabino Tapia, ministro de Justicia capitalino. El convenio incluiría el traslado de detenidos alojados en alcaidías de CABA, las cuales se encuentran en condiciones de superpoblación, y la transferencia de las competencias del SPF, entre otros puntos.

En un inicio, las partes proyectaban estampar la firma antes de que vencieran las facultades delegadas, el 8 de julio, para evitar el riesgo de no conseguir los apoyos en el Congreso. Desde Nación presionaron sin éxito a los funcionarios de Ciudad para que se alcance un acuerdo antes de ese plazo. Cumplido el tiempo y caídos los superpoderes, el entendimiento, aún sin firma, parecía tener un destino parlamentario asegurado. Sin embargo, en las últimas semanas apareció un posible atajo.

Fuentes del gobierno porteño que conduce Jorge Macri confirmaron a Ámbito que los equipos legales que están analizando punto por punto los aspectos más sensibles del futuro convenio advirtieron que, de acuerdo a la denominada "ley Cafiero", aprobada en noviembre de 1997 -que garantiza los intereses del Estado nacional en la Capital Federal-, permitiría que se eluda al Poder Legislativo nacional y se concrete a sola firma de un decreto.

"Estuvimos revisando la 'letra chica' de esa normativa y no necesariamente el traspaso del SPF debería pasar por el Congreso. O, mejor dicho, no hace falta", clarificó una persona con conocimiento de las discusiones. El traspaso, según explicó, se podría concretar "vía acuerdo entre las partes". Ocurre que la ley nacional 24.588 no especifica nada sobre cuestiones vinculadas a un traspaso por convenio del Servicio Penitenciario por lo que, si no regula, habilita a que se pueda hacer mediante dicho mecanismo.

De esta manera, la formalización del acuerdo dependería de Nación, es decir, de la voluntad de Bullrich, quien será candidata a senadora nacional en la Ciudad por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Teniendo en cuenta que la ministra será la cara visible del frente electoral en la campaña, en los despachos porteños consideran que ese factor podría acelerar los tiempos de la firma del convenio, aunque tampoco descartan que, fiel a su imprevisibilidad, la funcionaria nacional también podría utilizar a las elecciones como vidriera para sacar provecho personal y quedarse con el rédito.

Por lo pronto, el acuerdo no solo abarcaría a los presos alocados en alcaidías, sino también el traspaso de instalaciones, como un pabellón del penal de Ezeiza y el sector que se está construyendo dentro de la cárcel de Marcos Paz, además de trasladar a los presos que se encuentran detenidos en la cárcel de Devoto, la cual dejaría de estar activa. En CABA aseguran que también incluiría personal y fondos, uno de los reclamos iniciales.

En la actualidad, datos oficiales indican que hay 2.403 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad, de los cuales 270 están imputados y 1.769 están procesados. Apenas 364 están condenados. Asimismo, de ese total, unos 1.633 están presos por delitos contra la propiedad, 311 por delitos contra la integridad y 158 por delitos contra las personas. Además, 466 son extranjeros: 122 peruanos, 94 paraguayos, 71 colombianos, 67 chilenos y 47 bolivianos. En cuanto a la pena, unos 45 detenidos deben cumplir arresto por entre 5 a 10 años y 23 tienen que afrontar más de una década de encierro. De los condenados, 85 son por abuso sexual o violencia de género.

Sigue el debate en la Legislatura porteña por el Servicio Penitenciario de CABA

En paralelo a las negociaciones que llevan adelante ambas jurisdicciones, la Legislatura porteña activó las discusiones sobre el proyecto del Ejecutivo para crear el Sistema Penitenciario local, a modo de preparación del terreno para el traspaso con Nación, de manera que, llegado el momento, exista una base legal detrás que evite lagunas normativas y dolores de cabeza para las partes. Al mismo tiempo también avanzan las discusiones sobre otro proyecto, el de Ejecución de la Pena.

En los múltiples encuentros que se llevaron a cabo hasta ahora participaron las comisiones de Justicia, que preside Inés Parry; Legislación del Trabajo, a cargo de Matías Barroetaveña; Seguridad, presidida por Gimena Villafruela; y Asuntos Constitucionales, encabezada por Hernán Reyes, entre otras, donde recibieron a funcionarios porteños, como el subsecretario de Política Criminal de Ciudad, Leandro Halperin, uno de los más asiduos visitantes de los plenarios, además de especialistas de organismos privados para debatir sobre derechos y obligaciones en el ejercicio del poder disciplinario de las personas privadas de la libertad en contexto de encierro.

Hasta el momento, discutieron sobre el desarrollo de un “Plan de Vida” para aquellos que se encuentran privados de su libertad, con el objetivo de brindar herramientas para la reinserción, a fin de que se impulse a las personas condenadas a estar incluidas dentro de distintos programas de educación, trabajo, cultura y salud en contexto de encierro. "En materia de la finalidad, todos los proyectos son contestes en el objetivo de la reintegración social", dijo Halperin en uno de los debates respecto a las coincidencias que existen entre los distintos bloques en ese sentido. Además, destacó que, si bien existen diferencias en los proyectos, aclaró que son salvables, debido al acuerdo general, podrían ser corregidas en la redacción común.

La legisladora del peronismo Graciana Peñafort se refirió a la ejecución de la ley y pidió “poner expresamente” que "no pueden restringirse los derechos más allá de lo que la ley permite". "Lo que estamos dispuestos a permitir que se prohíba en términos generales, que este expresamente contextualizado; y lo que estemos dispuestos a no prohibir en términos generales, que esté permitido", enfatizó.

En el debate participan también organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Espartanos, la cual se refirió a la experiencia de la organización enfocada en el rugby como puerta de entrada a un proceso de transformación. En tanto que el investigador de la UBA, Juan Pablo Parchuc, director del Programa de Extensión Universitaria en Cárceles, planteó la necesidad de separar las funciones de seguridad de las educativas, sanitarias y laborales, que según su opinión, deberían estar en manos de profesionales civiles y con autonomía institucional.

También se les dio la palabra a la Asociación de Familiares de Detenidos, que a través de su presidenta, Andrea Casamento, destacaron la oportunidad histórica que tiene la Ciudad de “pensar un sistema penitenciario desde cero". Mientras que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, relató su experiencia como magistrado a cargo del control de cuatro cárceles en Ezeiza, quien consideró fundamental diferenciar las problemáticas de varones y mujeres y recomendó agrupar a los internos por edad y tipo de delito.

En las audiencias que se llevaron a cabo hasta el momento, también se les dio voz a exconvictos, como Rocío Jara, referente de la Rama Liberados y Familiares del MTE, quien se refirió a las necesidad de impulsar políticas con perspectiva de género. “Las mujeres seguimos sosteniendo familias desde la cárcel. Es fundamental garantizar derechos de nuestros hijos y acompañar en el arresto domiciliario”, señaló. Mientras que Mariano Bocassi, también de Liberados, remarcó que "no es lo mismo irse a la calle que irse en libertad" y enfatizó que "la educación y el trabajo son los pilares de la revinculación con la comunidad y deben estar en manos de los ministerios civiles, no del servicio penitenciario”.