Ni los 200 millones de pesos ofrecidos por el Poder Ejecutivo a las provincias que se resisten a reducir la tala de sus bosques nativos alcanzaron ayer para destrabar la aprobación del proyecto de ley que busca disminuir la tala masiva de árboles.
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Aunque ayer el Senado inició poco antes de las 19.30, casi con dos horas de retraso, el tratamiento en general del proyecto de ley de protección de los bosques nativos, su análisis en particular se postergó por falta de acuerdo sobre su contenido. Fracasó Miguel Pichetto en su misión de convencer a los senadores de su propio bloque, el kirchnerista, para que abandonaran la resistencia a aprobar esta iniciativa. No hubo entonces forma de consensuar las diferentes posiciones en torno a esta ley, que no tienen ver con pertenencias partidarias, sino con el origen de los legisladores, que defienden los intereses de sus respectivas provincias, independientemente de a qué bloque pertenecen. Al comenzar la sesión, Pichetto afirmó que «hay altos niveles de consenso» sobre esta norma, pero pidió que su tratamiento en particular se trate la semana que viene, porque «hay algunos senadores que no lograron ver el dictamen». Y agregó que aprobar este proyecto el 21 de noviembre «es un compromiso indelegable» del oficialismo.
Entre las dos cuestiones más polémicas estaba la moratoria de todos los desmontes ya autorizados por un año, que dispone el texto aprobado por Diputados, y que obliga a suspender toda nueva tala de bosques. En principio, a petición de las provincias norteñas, se iba a permitir que cada jurisdicción tuviera un margen para realizar desmontes de hasta 0,05% del total de los bosques, pero sobre esta cuestión había diversas opiniones, y no quedó definido.
Además, hubo largas discusiones sobre cómo se va a conformar el fondo de compensación para las provincias que han cuidado sus bosques y ahora se van a ver privadas de hacer desmontes.
Se acordó que el Tesoro aporte como mínimo el equivalente de 0,1 por ciento del Presupuesto total de la Nación, lo que implicaría unos 170 millones de pesos. A esa cifra se sumaría lo que se recaude por multas que se apliquen a quienes violen la ley, y un porcentaje que fijará el Poder Ejecutivo de las retenciones a las exportaciones de granos.
Sobre este último punto, el radical Gerardo Morales planteó que se destine al fondo compensador dos por ciento de las retenciones, lo que significaría unos 200 millones de pesos más.
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