Presentación de Rodríguez Saá

Adolfo Rodríguez Saá, ya vocero de su hermano Alberto (candidato a la Presidencia, sin número dos todavía), se presentará en la Justicia -local e internacional- para insistir en el reclamo de que el Partido Justicialista les pertenece a los peronistas que se reunieron en Potrero de los Funes. Al menos, los símbolos para llevarlos en su fórmula en las próximas elecciones. Tiro directo a Néstor Kirchner y a la jueza María Servini de Cubría: el senador invoca que el Presidente, a través de la magistrada, ha hecho intervenir el partido con un miembro de los servicios de inteligencia, algo así como si George W. Bush hiciera lo mismo con el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Para tal fin, reclama el testimonio de dos jerarcas de la SIDE que, en su momento, parece que otorgaron el pase del agente al juzgado, lugar desde el cual finalmente se recluyó en el PJ.

Con una doble inscripción del Partido Justicialista cerró a la 0 de hoy el plazo para anotar ante la Justicia electoral alianzas partidarias para las elecciones presidenciales del 28 de octubre. El PJ fue inscripto en el orden nacional dentro del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), pero también en el Frente Partido Justicialista (FPJ), agrupación que postula a Alberto Rodríguez Saá a la presidencia y que nuclea al peronismo opositor.

«Ya está, ya firmé todo y se mandó a inscribir el PJ dentro del Frente para la Victoria. Incluimos una cláusula especial donde se establece que el uso de símbolos y emblemas queda reservado exclusivamente a las autoridades nacionales», confirmó ayer a este diario Ramón Ruiz, el interventor del PJ designado vía Néstor Kirchner por la jueza electoral María Servini de Cubría. «Acabamos de constituir y de inscribir en la Justicia al PJ dentro del Frente Partido Justicialista. Nosotros somos el PJ», retrucó en comunicación telefónica Héctor Maya, dirigente del peronismo rebelde que lideran los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.

Antagonistas

Clonado o duplicado, lo cierto es que ayer el Partido Justicialista, ese mismo que el matrimonio Kirchner esquiva en actos públicos, fue inscripto en la Justicia electoral por dos alianzas antagónicas de peronistas. El oficialista FpV anotó también como parte de su alianza de fuerzas al Partido Justicialista -a cargo del interventor Ruiz-, al Partido Intransigente -Gustavo Cardesa-, al Frente Grande -Eduardo Sigal-, a la Confederación de la Concertación Plural -Julio Cobos-, al Partido de la Victoria -Graciela Ocaña- y al Partido Libres del Sur -del piquetero guevarista Humberto Tumini-. Sin embargo, el puntano FPJ también inscribió al Partido Justicialista, del cual se consideran únicos portadores de la legalidad partidaria desde que celebraron un congreso autoconvocado en la localidad de Potrero de los Funes, San Luis.

La UCeDé -Jorge Pereyra de Olazábal-, Partido Unión y Libertad -los Rodríguez Saá-, Lealtad y Dignidad -Carlos Menem-, Acción por la República -Domingo Cavallo- y el Paufe -Luis Patti- completaron el conglomerado de peronistas antikirchneristas que apoyarán la candidatura del gobernador de San Luis.

La guerra jurídica por el control del PJ se agravó ayer, justo en el último día para inscribir alianzas ante Servini de Cubría. Fue otro capítulo de los Rodríguez Saá versus Kirchner y la jueza federal con competencia electoral. La senadora puntana Liliana Negre de Alonso presentó un nuevo escrito en su carácter de congresal justicialista damnificada y planteó la nulidad del congreso virtual del PJ kirchnerista que, a través de Ruiz, recolectó en su casilla de correo electrónico avales de congresales de todo el país manifestando su apoyo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y al Frente para la Victoria.

El planteo de Negre de Alonso apunta a despojar a la primera dama de los símbolos peronistas durante la campaña y a darle a la candidatura de Alberto Rodríguez Saá el monopolio exclusivo de la liturgia PJ. El jueves pasado, la Cámara Nacional Electoral ratificó la competencia de Servini de Cubría en el expediente por la intervención del PJ, dejando sin intervención al juez puntano Esteban Maqueda. Sin embargo, para los peronistas rebeldes el Congreso de Potrero de Funes no fue anulado en esa resolución sino que tan sólo se resolvió una cuestión formal relacionada con el domicilio del PJ, pero que no resolvió la cuestión de fondo. Es decir, para los Rodríguez Saá sigue en pie Potrero de Funes y ellos siguen siendo los portadores de la legalidad peronista.

Pero no termina allí la ofensiva de los Rodríguez Saá contra la Casa Rosada. Sus estrategas informaron ayer que «el» Adolfo prepara una denuncia penal contra Néstor Kirchner, Servini de Cubría y Ruiz acusándolos de violar la Ley 25.505 de Seguridad Nacional. Citarán como testigos a Héctor Maya, ex subsecretario de la SIDE, y a Carlos Sergnese.

Recusación

Sostienen los puntanos que en 2004, al momento de establecer la intervención del Partido Justicialista, tanto el presidente Kirchner como la jueza Servini sabían que Ruiz actuaba como agente secreto, en una clara violación a la mencionada ley que impide que integrantes de servicios de inteligencias desempeñen funciones partidarias. A eso, sumarán una ampliación de la recusación ya presentada contra Servini.

El tiempo para inscribir alianzas en el resto de las fuerzas políticas también se agotó ayer. Roberto Lavagna había sido el más prolijo y previsor al anotar su Concertación para Una Nación Avanzada (UNA) el 4 de abril, con más de cuatro meses de anticipación. UNA está integrada por la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento Integración y Desarrollo (MID), la concertación para una Sociedad Justa (SoJus) y 27 partidos provinciales. Pero tanto radicales como los peronistas lavagnistas encabezados por Eduardo Camaño presentarían listas a diputados y senadores por separado.

Provincias Unidas

Jorge Sobisch también inscribió en la Justicia a su Movimiento Provincias Unidas, apoyado por el Movimiento Popular Neuquino, para dotar así de legalidad su candidatura presidencial. La Coalición Cívica de Elisa Carrió es otro de los frentes electorales que ayer cumplía con los pasos legales para inscribirse en la Justicia electoral de acuerdo con lo que establece la Ley de Partidos Políticos: designación de nombre, acta constitutiva, plataforma programática, bases de acción política, carta orgánica y designación de responsables económico-financieros, entre otros requisitos.

Propuesta Republicana de Mauricio Macri y Ricardo López Murphy sigue viva. Tras el fracaso de las negociaciones entre el ex ministro y Carrió, el macrismo respiró y pudo anotar a PRO como alianza electoral sin fracturas. Y tendrá ahora de dónde colgar sus candidatos a diputados y senadores nacionales. PRO está integrada por Compromiso para el Cambio (Macri), Recrear para el Crecimiento (López Murphy), el Partido Demócrata, el Federal, el Autonomista y la Democracia Progresista.

Aunque ayer venció el tiempo para la inscripción de alianzas, recién el 8 de setiembre se terminará el plazo para anotar candidaturas y oficializar las listas.