"Discusión de borrachos" por ley de Procuración, agenda opacada por pandemia y concurso se reordena

Política

Emergencia sanitaria disimula parate de iniciativas en materia judicial. Loop indefinido por reforma a Ministerio Público Fiscal con trasfondo enrarecido. Gemignani no logró obturar investigación en su contra pero gana tiempo. Se reacomodan los candidatos a la Cámara Federal por Bruglia y Bertuzzi.

La pandemia y la retracción general de la actividad pusieron en pausa una agenda judicial que adolece de iniciativas a mediano plazo, y mucho menos a largo. El Consejo de la Magistratura también ingresó en impasse. Con uñas y dientes, Juan Carlos Gemignani buscaba resistir su proceso disciplinario y obligará a que el Consejo conteste el informe de ley al amparo que solicitó y que había sido adelantado por Ámbito para frenar toda la actuación en su contra. En principio, el juez Martín Cormick, del fuero Contencioso Administrativo Federal, rechazó ayer la cautelar. Queda la cuestión de fondo sobre la que el Consejo deberá remitir argumentos en los próximos cinco días.

Recuperándose de covid, el consejero juez Ricardo Recondo es, junto a su par Vanesa Siley, encargado de analizar las impugnaciones sobre el Concurso N°461 que busca encontrar reemplazantes en la Cámara Federal para Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Circuló por todos los chats judiciales el orden de mérito provisorio para la ponderación de antecedentes académicos y examen escrito de los postulantes. Es una certeza que cambiará y hacia allí se dirigen las miradas. ¿Se aplicará la paridad de género al momento de definir las dos ternas?

El único vigente, el debate por una nueva ley de Ministerio Público Fiscal parece una discusión de borrachos: la oposición grita y se lamenta por una intención reformista totalitaria, cuyo texto fue modificado en Comisión en los aspectos que eran más críticos y que, por ende, no existe más; el Gobierno, en la otra orilla, insiste en sancionarla a como dé lugar y hace como que no escucha cuando la oposición promete que votará con dos tercios del Senado al candidato que propuso nada menos que el presidente Alberto Fernández.

A su vez, Daniel Rafecas jura que no asumirá si tocan las mayorías y el oficialismo dice que no tiene por qué preocuparse porque esta modificación lo excede. Primero es la ley, luego el Procurador, razonan. Enfrente responden que para qué la ley si pueden tener Procurador. El Gobierno frena, cuenta los votos que faltan en Diputados, y todo el circuito vuelve a comenzar en un loop interminable. En el camino, las asociaciones de jueces y fiscales que habían prestado conformidad inicial para subsanar la mácula institucional de un interinato que lleva casi cuatro años de Eduardo Casal, dan una pirueta en el aire y niegan en público lo que prometieron en privado ante el ministro de Justicia Martín Soria. Tan trastocado termina todo que el nombre de Rafecas termina fogoneado por Juntos por el Cambio, en un intento de que sea Asuntos Constitucionales, territorio de Cristina de Kirchner el que, en la encerrona, active el nombramiento. Nada se mueve en esos lares.

Cerca de la vicepresidenta creen que el juez tiene dos creencias incorrectas: la primera es que Cristina no lo quiere; y la segunda es que conseguiría los dos tercios del Senado por sí mismo o luego de una audiencia pública que es lo que Rafecas le reclama indirectamente a la expresidenta. Junto al juez piensan que su desempeño, cuando estaba acorralado por la denuncia en el Consejo de la Magistratura de todo Cambiemos por el archivo de la denuncia del fiscal Alberto Nisman y –pese a tener todos los cañones apuntándole- logró revertir un escenario desfavorable, es la carta que ahora le aseguraría un consenso y destrabaría la situación a su favor. En todos estos meses, recibió mayores señales de acompañamiento de sectores de la oposición y mutismo absoluto desde el oficialismo.

En una franja intermedia del Gobierno le achacan al juez escuchar para estos menesteres al aparentemente omnipresente Gustavo Cinosi, un puente con Washington que ofrece conexiones del más alto nivel y la gravitación de ser un asesor dilecto en la OEA con llegada, en el plano local, a los denominados jueces “multimarca”. En la orilla de Rafecas se sorprenden con la insinuación. No solo desmienten cualquier contacto en los últimos años, sino que recuerdan que hace casi una década, el empresario acercó posiciones cuando el kirchnerismo lo había puesto a Rafecas en la mira. Ayudó, entonces, su sintonía con Carlos Zannini, hoy procurador del Tesoro. Pero junto al magistrado también redoblan la apuesta: si el Gobierno sabe de sus principios, también pueden dar fe de ellos sus enemigos, ubicables en los servicios de inteligencia. No se sabe si existe intervención alguna de esos sectores, hoy reconvertidos –fuera de las oficinas oficiales- dentro de la actividad privada.

En este contexto parece imposible discutir una agenda a largo plazo, más allá de las urgencias que reclama la pandemia, la vacunación y la economía. Pareciera que la Comisión de Notables y su resma de recomendaciones respecto al funcionamiento del Poder Judicial fueron hechos ocurridos hace un siglo, para dar un ejemplo. Así podrían homologarse el resto de las iniciativas que quedaron en el camino y que a las vísperas de la carrera electoral resultan de imposible consecución. Luego del fallo por la Autonomía tampoco se vislumbra el cauce que adquirirá la (no) relación del Gobierno con la Corte Suprema. Asignarle relevancia al ingresado pedido de juicio político de los cuatro miembros que firmaron el fallo por la demanda de la Ciudad de Buenos Aires solo puede ocurrir en el microclima. Es que existe un hiato insalvable entre lo que el escrito acusa a la Corte de hacer y lo que efectivamente hizo. Como sea, en los juicios políticos no hace falta tener razón sino tener los votos. Si esas voluntades existieran el problema del procurador no sería un problema.

Más allá de los dardos dialécticos y las diatribas que cruzan desde Balcarce, pasan por el Congreso y llegan a Talcahuano 550, y el reproche por los fallos del máximo Tribunal que parecen alimentar la grieta, lo cierto es que ninguno de los dos sectores se ha hecho daño de verdad. En la agenda de la Corte había para el primer semestre una serie de decisiones de impacto económico sobre las arcas públicas. Esos son los que verdaderamente tienen repercusión en la gobernabilidad. En año electoral es de uso y costumbre que la Corte salga de escena cuando comienza el cronograma previo a la votación para no ubicarse en el fuego cruzado. En un escenario atípico, quedan pocos meses por delante.

Dejá tu comentario