El Gobierno nacional volvió a despuntar a los legisladores de la oposición. Como ocurrió con el plan de desendeudamiento de las provincias, ahora los procuradores del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y de la Nación, Esteban Righi, firmaron un convenio de cooperación para "permitir al Estado la persecución de juicios para el recupero de dinero en causas de corrupción". En el Congreso hay varios proyectos de ley en este sentido.
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"El objetivo del convenio es llevar a cabo acciones conjuntas relativas al recupero de bienes, acciones de lesividad y causas penales en las que se investiguen eventuales delitos cometidos contra la Administración Pública", afirmaron allegados a Da Rocha.
El Código Penal permite la aplicación del decomiso, pero para ejecutarlo se requiere una condena firme sobre los responsables. Según destacó el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económico (Cipce), este requerimiento "no sería un problema en un país donde la justicia se caracterizase por su celeridad y rapidez, pero eso no ocurre en la Argentina".
En la actualidad hay varios proyectos de ley en el Parlamento que apuntan a regular la devolución del dinero. Uno de ellos es del diputado Juan Carlos Vega (de la Coalición Cívica-GEN) que busca mejorar los niveles de eficacia del Poder Judicial para perseguir y condenar a los delitos de poder. Esa propuesta pretende que no sea necesaria una condena penal para poder concretar el decomiso siempre y cuando se compruebe la ilicitud del origen de los bienes o del hecho al que estén vinculados. Pero además, el proyecto intenta establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, un aumento armonioso de penas y la incorporación de la figura del arrepentido.
Cipce asegura que el mayor impedimento para devolver los bienes al Estado es el paso del tiempo. Según sus estimaciones, los procesos judiciales relacionados con la criminalidad económica demoran 14 años en resolverse y eso retarda la devolución, si es que siguen existiendo.
Con la rúbrica del convenio, los funcionarios se comprometerán a "intercambiar experiencias, realizar consultas, brindar asesoramiento general y colaboración en las causas vinculadas con delitos contra la administración pública".
"Para eso cada uno de los organismos intercambiará información y le permitirá al otro el acceso a su base de datos sobre causas y acciones que el Estado nacional haya iniciado sobre recupero de bienes o delitos contra la administración para iniciar acciones con el propósito de volver a obtener los recursos", dijeron los organizadores del encuentro.
La Procuración General de la Nación -a cargo de Righi- es el organismo que ejerce la jefatura de todo el ministerio público, es decir, de los fiscales nacionales y federales que investigan e impulsan las acusaciones por delitos penales.
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación es el Cuerpo de Abogados del Estado que tiene a su cargo la asesoría jurídica de la Presidencia de la Nación y la defensa en los juicios iniciados por y contra el Poder Ejecutivo y todos los organismos de su administración. En ese rol, audita y controla todos los juicios en los que interviene el Estado Nacional. Además, la Procuración patrocina al Estado en las causas de trascendencia institucional y en los juicios iniciados contra el país en el extranjero.
Otro proyecto de ley que busca combatir los nichos de corrupción es del radical Ricardo Gil Lavedra. El diputado y ex juez quiere modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (24.946) para mejorar estructura del MPF. La propuesta incluye la creación de un órgano especializado en investigar estos delitos, independiente del poder central y lejos de las presiones. Por ahora los procuradores, sólo piensan en el decomiso.
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