Promoción industrial demora firma fueguina

La promoción industrial abrió una brecha entre Nación y cinco provincias que exigen la flexibilización del régimen. Ayer, un reclamo de Tierra del Fuego desoído por el Ministerio del Interior abortó su adhesión al Pacto Fiscal. Mientras tanto, sectores gubernamentales, productivos y gremiales de La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca mostraron nuevamente su malestar porque no sale un decreto nacional aggiornando el régimen en esas provincias tras la devaluación. Los dardos acusatorios apuntan en este caso al jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof.

Con un portazo, el vicegobernador de Tierra del Fuego, Daniel Gallo, dejó ayer bien en claro que la provincia no se comprometerá formalmente a ajustar su déficit si Nación no permite flexibilizar la promoción industrial en la isla. Mejor suerte corrió en cambio la rúbrica mendocina al Pacto Fiscal: el mandatario aliancista Roberto Iglesias aceptó ayer ajustar 60% su rojo ante Nación.

El gobierno fueguino reclama extender la promoción industrial -que contempla una reducción impositiva a la producción-a nuevos artículos, como una forma de hacer frente a la grave crisis que atraviesa el sector en la provincia. Además, pretende que se reduzcan impuestos específicos. «Lo queremos vía pacto fiscal o vía decreto», explicó ayer una fuente provincial a Ambito Nacional.

La primera opción ayer se topó con el muro nacional. Si bien dicha inclusión -alegaron los fueguinoshabía sido consensuada previamente con el gobernador Carlos Manfredotti, ayer el ministro del Interior, Jorge Matzkin, le puso un freno a la concesión.

El veto se ganó entonces el enojo de Gallo, quien abandonó la reunión y se volvió a su provincia sin haber dejado su firma. «Vamos a esperar la vuelta del presidente (Eduardo Duhalde) para pedirle una audiencia y plantearle nuestra postura», dijo, buscando mejores vientos.

La provincia que sí rubricó ayer su compromiso de ajustar el déficit es Mendoza. En la tarde de ayer, Matzkin e Iglesias acordaron el recorte de 60% del déficit, para llevarlo este año a cerca de $ 90 millones contra alrededor de $ 220 millones de 2001.

Mientras tanto, fronteras provinciales adentro, la suerte de los compromisos definitivos de recorte se define en las legislaturas.

En Chaco ya se consiguió ese aval: el miércoles los legisladores aprobaron el acuerdo que la provincia firmó con Nación. Fue de la mano del voto de un justicialista, Roberto Pruncini, que le aseguró el acceso al oficialismo de los dos tercios de la Cámara, según apuntó «Diario Norte», de Chaco. En cambio, el resto del justicialismo se inclinó por la abstención.

Mientras tanto, en Misiones, los legisladores provinciales analizaban anoche si trataban o no sobre tablas su adhesión a la rúbrica del gobernador Carlos Rovira.

En Río Negro, en tanto, el gobernador aliancista Pablo Verani reclamó ayer a la Legislatura provincial que apruebe el acuerdo con Nación. La ofensiva del mandatario rionegrino apuntó a los propios legisladores radicales -que son mayoría-, ya que la semana pasada fracasó una sesión por desacuerdos internos.

El próximo debate en el recinto será el próximo jueves. «De acuerdo con lo que decidan los legisladores, veré qué hago el día 2 de agosto», dijo Verani.

Mientras tanto, la adhesión de Entre Ríos al ajuste ya desencadenó las primeras protestas: los trabajadores estatales entrerrianos afiliados tanto a la Asociación de Trabajadores del Estado como a la Unión del Personal Civil de la Nación iniciaron ayer un paro de actividades por 48 horas, en protesta por el recorte de adicionales en algunos salarios.