El anuncio de Luis Caputo en la Argentina Week de París revivió la atención hacia la implementación de una medida que busca captar divisas a cambio de la venta de la ciudadanía argentina, como potencial aliciente para promover nuevas inversiones en el país. Una de las primeras reacciones fue presentar un proyecto para prohibir la medida.
3 de octubre 2026 - 17:26
Proponen prohibir la iniciativa del Gobierno de vender la ciudadanía argentina
Fue presentada por un diputado peronista y pretende dejar sin efecto las solicitudes en trámite y las ya otorgadas.
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En la Argentina Week oficializaron la iniciativa de ciudadanías que se otorgarán por inversión.
“La iniciativa se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales”, explicó el ministro de Economía al oficializar la medida, que permitirá solicitar la ciudadanía nacional en el transcurso del cuarto trimestre de 2026 a través de dos mecanismos: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por u$s350.000; o suscribir un título público de u$s800.000 creado específicamente para este Programa. Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal.
Un día después del anuncio, el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) anunció una propuesta para evitar que se reglamente la medida del Gobierno, considerando que "una ciudadanía comprada se convierte en un atajo para eludir las restricciones y los límites que tienen los extranjeros para comprar tierras argentinas". "La ciudadanía no puede tener un precio", opinó, y detalló que se buscarán dejar sin efecto las solicitudes en trámite y las ya otorgadas.
Según explicó, el proyecto "deroga la causal de 'inversión relevante' incorporada por el DNU 366/2025 y establece que ningún pago, aporte, donación, inversión o compra de títulos puede reemplazar la residencia necesaria para obtener la ciudadanía. También disuelve la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión; prohíbe la emisión de títulos de deuda pública que otorguen ciudadanía o beneficios migratorios; y evita que el Estado contrate intermediarios para comercializar ciudadanías".
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Uno de los principales cambios será que quienes accedan mediante este mecanismo no tendrán la obligación de cumplir previamente con dos años de residencia en el país.
El programa permitirá que también presenten una solicitud el cónyuge y los hijos de la persona que realice la inversión principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y cumplan con los aportes establecidos para cada categoría.
Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que estos últimos sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de u$s100.000 al Tesoro Nacional. En el caso de los menores de 18 años, el monto previsto será de u$s25.000. De esta manera, el esquema diferenciará los requisitos económicos de acuerdo con la situación de cada integrante del grupo familiar.
El Gobierno indicó que el programa contará con estándares de diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La evaluación estará en manos de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de diferentes organismos estatales especializados. Entre ellos estarán la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.
