¿Qué cambian las internas abiertas?

Las internas abiertas ocupan un lugar destacado en la agenda de la reforma política. Muchos de sus impulsores presentaban el mecanismo como una forma de tener mejores candidatos, más idóneos, más honestos. Aquellos que esperen ese resultado sufrirán una gran decepción. Baste recordar que muchos de los diputados y senadores cuestionados hoy obtuvieron su candidatura a través de internas abiertas o semiabiertas. Pensemos también que en una elección interna semiabierta con fuerte participación de independientes resultó electo candidato a diputado nacional por el Partido Justicialista de la Capital Federal el recordado José Manuel Pico que ni siquiera pudo ser proclamado pues estaba prófugo de la Justicia.

El prestigio de las internas abiertas se vincula con el mito de que ése es el sistema utilizado en Estados Unidos para seleccionar a los candidatos. Sin embargo, sólo en 4 de los 50 estados se utiliza el sistema; en el resto de los estados, la selección de los candidatos se realiza a través de elecciones más o menos cerradas en la que para participar hay que registrarse como seguidor o votante del respectivo partido.

La apertura del proceso de selección de los candidatos favorece a aquellos candidatos que tienen buena imagen en la sociedad, pero que no cuentan con suficiente apoyo partidario. Por otra parte, como el proceso de la interna excede a los miembros del partido y los precandidatos deben buscar votos fuera del ámbito partidario, las internas abiertas son más costosas que las elecciones cerradas, ya que exigen una campaña generalizada. El tema del financiamiento de las internas abiertas no es menor, sobre todo porque en la nueva ley de financiamiento de los partidos no hay ninguna disposición relacionada con la transparencia o control sobre los fondos recaudados y gastados en la interna, por las distintas líneas partidarias. Por esta vía, seguramente, se encontrará una forma de escapar a los límites y controles que se establecen sobre los ingresos y gastos de la campaña electoral general.

El Congreso sancionó una ley que establecía que en la selección de los candidatos de un partido podrían intervenir los afiliados al partido y los independientes, es decir, los ciudadanos no afiliados a ningún partido. Este sistema -que ya había sido utilizado por los partidos en algunos distritos- se conoce como interna semiabierta y excluye de la posibilidad de seleccionar a los candidatos de un partido a los afiliados de otros partidos. Esto se hace para evitar que los afiliados del partido A voten en la interna del partido B y que, por ejemplo, lo hagan a favor del peor de los candidatos B, para mejorar la situación de A en la elección general. No se trata de un ejemplo de laboratorio. En Estados Unidos se llama a estas conductas «crossing over» y «rading» y son uno de los problemas que se detectan en la aplicación de las primarias abiertas.

• Cambio

El Poder Ejecutivo decidió, a través del veto y la promulgación parcial de la ley, cambiar el sistema, al disponer que en la elección se utilizará el padrón general y no el padrón partidario correspondiente junto con un padrón de independientes, con el pretexto de que así la elección será más transparente. Esta decisión -que excede las facultades del Poder Ejecutivo- cambia sustancialmente el sistema adoptado por la ley del Congreso y permite que cualquier ciudadano vote en la interna de cualquier partido, sin importar si está afiliado a ése u otro partido o si es un independiente. Así, en noviembre, los afiliados radicales podrán concurrir en cada distrito a votar en la interna justicialista y los afiliados al Partido Justicialista podrán elegir a los candidatos radicales.

Los afiliados a los partidos que integran el ARI podrán concurrir a votar para elegir al candidato justicialista o al radical, más aún cuando en el ARI, por presentarse una sola lista, no habría competencia interna. La ley no dice nada al respecto, pero la Cámara de Diputados aprobó una resolución aclarando que en el caso de que haya una lista única, no será obligatorio realizar la interna abierta. El Poder Ejecutivo seguiría igual criterio en la reglamentación que se está preparando. De consagrarse esta solución, éste podría ser el camino elegido por las cúpulas dirigentes partidarias para mantener el control de las candidaturas.