¿Qué es la Ley de Emergencia Administrativa?

La ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, sancionada en medio de un escándalo por la Legislatura bonaerense, fue elaborado en el ministerio de Coordinación y Gestión que conduce Roberto Gigante, con la colaboración del secretario Legal y Técnico Julio Conte Grand; pretende instaurar procedimientos ágiles, con "el foco puesto en la provisión de bienes y servicios necesarios para poner en marcha la provincia", según dijeron.

Plantea la emergencia con una duración de un año, y por cuerdas separadas, propone algunos cambios normativos que son el puntapié inicial del plan integral de reforma de la gestión pública.

De esta forma en el Poder Ejecutivo pronostican reducir a la mitad los tiempos que insumen los trámites de licitaciones, que en promedio hoy son inviables: 6 meses para bienes y servicios -que es competencia de este nuevo proyecto- y entre 9 y 11 meses para obra pública -que compete el proyecto de Ley de Emergencia en Infraestructura.

El punto técnico de mayor discusión del proyecto, independientemente de las cuestiones políticas, fue el tercer Título de la iniciativa, que comprende del artículo 22 al 28.

Allí se habla sobre la Regulación del contrato de servicio y régimen salarial del personal de gabinete, donde, básicamente, se establecen las condiciones de los contratos de servicios que se podrán celebrar durante la emergencia, y de esta forma se apartan de las previsiones contenidas en la ley 10.430.

No obstante, se aclara que los contratos que estuvieren cumpliendo a la fecha de entrada en vigencia de la normativa continuaran bajo dicho régimen.

Además, se expresa que los contratados bajo esta modalidad de la emergencia no podrán intervenir en actuaciones administrativas ni serle asignadas tareas propias del personal permanente con estabilidad y cesará en forma automática al término de la gestión de la autoridad en cuya jurisdicción se desempeñe.

Los legisladores se aseguraron, entre los muchos cambios que se introdujeron al proyecto original remitido por el PE, la creación de una Comisión Bicameral con carácter consultivo, de seguimiento y control de los alcances del instrumento legal con que contaría la provincia.
Será integrada por tres diputados e idéntico número de senadores, garantizándose la participación de las minorías.

Por último, cabe consignar que esta iniciativa está directamente relaciona con el otro proyecto de ley que remitió el Ejecutivo que plantea una Modernización Administrativa de fondo para la gestión provincial. Ese proyecto tendrá un trámite un poco más prolongado en las Cámaras legislativas provinciales.