Puede ser -según trascendía anoche- que al menos uno de los muertos en los incidentes del miércoles sea consecuencia de una bala policial, y hay un comisario y efectivos puestos anoche bajo disponibilidad preventiva por parte del gobernador Felipe Solá. Podría ser que fuera uno de los muertos o los dos, quizá porque faltan datos, víctimas de enfrentamientos entre las 5 fracciones en que se ha dividido el movimiento llamado «piquetero». Puede ser, como analizaban los técnicos, que por un error de táctica anti-motín, los policías hayan quedado acorralados entre dos franjas de «piqueteros», una que venía por la calle Pavón y otra por Mitre para cortar el Puente Pueyrredón. También puede ser, como señalan los mismos analistas, que se cometen errores como no poner a la tropa de Infantería sino a los policías menos expertos y nuevos al frente de los guardias del orden que se ponen más nerviosos y pueden acudir a sus armas, si efectivamente ellos provocaron las víctimas fatales. Igualmente podría ser que la activa izquierda marxista -en calles y en medios de difusión- permanentemente le impute todo a la Policía, por solidaridad mínima con los jóvenes ideologizados que utiliza como «carne de cañón» y porque sabe que sirve a sus fines últimos desprestigiar todo lo que signifique orden, disuasión de motines o uniformes. Sin embargo, se sabe que en la zona sur del Gran Buenos Aires existen campos de entrenamiento, en los cuales se prepara a jóvenes reclutados especialmente para que rompan cercos policiales y agredan más eficientemente a las fuerzas del orden cuando se producen las manifestaciones de desocupados.
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Desde ya que detrás de toda violencia, provenga desde donde sea, está la crisis económico-social y si vamos a la culpabilidad, la principal corresponde a los políticos que, con sus demagogias en los usos de dineros públicos, permanentemente durante años acumularon déficit hasta hacer estallar el país, como sucede desde diciembre. Son los peores no sólo por el origen material de la crisis, que ineluctablemente debe derivar en violencia, sino porque también serán los primeros en salir a criticar «la represión» como si fueran ajenos a los hechos, aunque no participen en la etapa final, cuando aparecen los muertos.
En el gobierno está el politicismo. Es sabido que el juez Norberto Oyarbide tiene probado que en los sucesos del día 20 de diciembre -no en la noche anterior que fueron espontáneos-actuaron «activistas» pagos desde municipios bonaerenses para preparar la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y arribar al «golpe bonaerense». Ese politicismo del gobierno, que en lo económico deriva en el uso de los fondos que maneja hacia sus fines populistas, lo llevó a coquetear con el movimiento «piquetero» que es una forma atroz de «argentinismo»: quienes quieren mejorar su angustiosa situación de ingresos traban las rutas a la producción del país, que es lo único que podría satisfacer sus genuinas pretensiones. Si el propio presidente Duhalde dijo: «Si no fuera presidente sería piquetero...».
El gobierno también es culpable porque no sólo alentó a los tomadores de ruta sino que demora soluciones de fondo para la crisis, a tal extremo que desconcierta a todo el mundo. Se muestra tan incapaz el gobierno que en el comunicado de ayer del ministro de Justicia a la Procuración de la Nación (ver textual en nota vinculada) pareciera que recién descubre en el accionar de los violentos la mano del comunismo hacia «la deposición de algunos de los poderes públicos, la sedición, el atribuirse los Derechos del Pueblo y el impedir la ejecución de las leyes». Desde hace siglo y medio se sabe que ése es el fin último de la ideología marxista en cualquier país del mundo. ¿O no? Que la mayor parte de ese mismo mundo haya superado esta pesadilla marxista, no significa que la izquierda criolla mantiene trasnochadamente los mismos principios y que aspira a que, cuando se arriesgue la desaparición en Cuba con el final de la vida de su líder, sea la Argentina el baluarte que la sustituya.
Finalmente están los jueces que es sabido que actúan mal y temen a la crítica de la izquierda. Mantienen detenido al ex jefe de la Policía Federal, el comisario Rubén Santos, por ordenar a las fuerzas policiales el 20 de diciembre que impidan la toma de la Casa de Gobierno, cuando era lógico que actuaran en defensa de las instituciones, y más cuando había recibido Santos órdenes consultadas directamente al presidente de la Nación de ese entonces, aunque se lo haya decidido mantener a un lado, porque la Justicia aquí se maneja políticamente.
Muchos factores, entonces, convergen hacia esas dos víctimas del miércoles. Más allá del valor de la vida humana, lo que sigue en importancia es que ninguno de los involucrados en facilitar la escalada hacia la violencia trágica se da por enterado de sus tremendas culpas. Alarma porque demostraría que no hemos llegado todavía al peor infierno.
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