Raro: gobierno sin defensor en la Magistratura

El gobierno mantiene vacía desde hace 10 meses una silla institucional clave, la que le corresponde al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado nada menos que de designar y remover jueces, según la reforma constitucional del '94.

A partir de la renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre, nadie se preocupó demasiado por cubrir la vacante que dejó el radical Alfredo Vítolo y, desde entonces, el nexo entre el oficialismo y el Consejo no tuvo dueño. El último peronista en el cargo fue Julio Comadira, encumbrado en tiempos del menemismo.

Este olvido duhaldista, que ahora Juan José Alvarez espera subsanar, explica en gran medida por qué el PJ de Buenos Aires no termina de encontrarle la vuelta a la relación con el Poder Judicial, tras una serie de desafortunadas idas y vueltas.

En menos de un año de gestión, Eduardo Duhalde lanzó el juicio político contra la Corte en febrero, y hasta llegó a generalizar el enfrentamiento a todos los niveles de Tribunales al deslizar la posibilidad de poner jueces en comisión, en plena moda del «que se vayan todos». Más recientemente, propuso derogar los regímenes especiales de jubilaciones, incluidos los de magistrados, cuyo debate todavía aturde a los conflictuados senadore s del PJ (ver nota aparte).

Tantas agresiones derivaron en arrepentimientos casi tan imprevistos como los a r re b a t o s que abrieron, casi a diario, varios frentes en el conflicto entre poderes.

El descuido de la plaza en el Consejo de Jueces parece obedecer a razones más fundadas. El primer ministro de Justicia de Duhalde, el radical Jorge Vanossi, nunca terminó de digerir el instituto que elige y remueve magistrados.

De hecho, envió al Congreso una iniciativa para disminuir la composición original de 20 miembros, distribuidos entre representantes de ambas cámaras legislativas, de Tribunales, abogados, académicos y universitarios, bajo la presidencia de Julio Nazareno. El proyecto todavía permanece archivado en la Comisión de Justicia, donde nunca concitó mayores adhesiones.

En ese entonces, se le atribuía al mismo presidente designado la intención de reestructurar el Consejo, influido -quizás-por su fugaz antecesor en el cargo, Adolfo Rodríguez Saá, quien instruyó a la senadora sanluiseña Liliana Negre de Alonso para plantear en formato de ley la gratuidad de los consejeros, entre otras disposiciones tendientes a bajar el gasto público.

A pesar de la animadversión que se le atribuye, Vanossi armó una propuesta para ocupar el cargo de Vítolo que no llegó a pasar de la Casa de Gobierno. El borrador de decreto logró la rúbrica del titular de Justicia, pero nunca superó el despacho presidencial con la firma.

Hace un mes, comenzó a circular en el Consejo el rumor de que el Ejecutivo, finalmente, designaría un representante propio en el organismo. El nombre que daba vueltas es el del ex gobernador chubutense Néstor Perl, a quien -a modo de curiosidad-se lo ubica muy próximo al peronismo de Anillaco y, como tal, auspiciante en la Patagonia de la candidatura presidencial de Carlos Menem. Puede que este antecedente haga rever su posible promoción.

Mientras tanto, el oficialismo se conforma con tener entre los consejeros, al menos, 2 legisladores que se entienden bastante bien con Duhalde y el PJ bonaerense, el senador Miguel Angel Pichetto y el diputado Jorge Casanovas. El resto de la comitiva parlamentaria la animan la menemista Lelia Chaya, el radical Marcelo Stubrin (ambos por la Cámara baja), el riojano Jorge Yoma y el renovador salteño Ricardo Gómez Diez (estos últimos por el ala senatorial).

El palacio de las leyes también está en mora con el Consejo: a la reciente renuncia del senador Horacio Usandizaga (UCR-Santa Fe) se le suma la butaca que dejó en suspenso la tercera fuerza de Diputados, a la cual le corresponde un puesto de consejero.

Desde que terminó mandato el chachista pampeano Pablo Fernández en diciembre pasado, no se pusieron de acuerdo para reemplazarlo. El lugar quedó prisionero de las disputas entre el Interbloque Federal de partidos provinciales y el ARI de Elisa Carrió que se atribuían para sí contar con mayor cantidad de adherentes, detrás de justicialistas y radicales.

Carrió mantiene in péctore a Marcela Rodríguez, quien fuera su mano derecha en el inolvidable «show de las cajas». En tanto que las agrupaciones del interior que coordina Alberto Natale nunca llegaron a ponerse de acuerdo sobre quién los podría representar. Ricardo Bussi, hijo de Antonio Domingo Bussi, se auto-postuló, aunque no consiguió avales masivos de sus aliados de distrito.