Reclaman por actos de campaña oficiales

Aunque el Congreso ya no volverá a sesionar antes de las elecciones del 23 de octubre, los bloques opositores al Partido Justicialista en la Cámara de Diputados denunciaron que el gobierno viola el Código Nacional Electoral con la publicidad de sus actos durante la campaña.

La intención original, hoy inviable, era interpelar a Aníbal Fernández por la presunta violación en campaña de las normativas electorales, pero ante la falta de sesiones los socialistas utilizan ahora los pedidos de interpelación para hacerse oír.

El diputado socialista Jorge Rivas -junto con Ariel Basteiro (PS), Margarita Jarque (Frente Grande), Lucrecia Monteagudo (Partido Intransigente), Eduardo Di Pollina (PS), Héctor Polino (PS) y Claudio Lozano (Fuerza Porteña)- cuestionó la transparencia y la legalidad de los actos de campaña de Cristina Fernández de Kirchner en los que interviene su esposo Néstor, y que son potenciados con la publicidad de actos de gobierno, como la inauguración de obras públicas en el conurbano bonaerense.

«El Sr. Presidente de la Nación se ha convertido en adalid de campaña de una formación política denominada Frente para la Victoria», sentencia el proyecto de los diputados de izquierda.

El artículo 64 quater del Código Nacional Electoral estipula: «Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales».

• Explicaciones

En virtud de la presunta violación de esta disposición, los legisladores querían que el ministro del Interior fuese convocado a dar explicaciones en virtud de las competencias que le corresponden por los incisos 10 y 11 del artículo 17 de la Ley 22.520 (Ley de Ministerios por la que entiende en todas las cuestiones relacionadas a actividades y régimen electoral).

Para Rivas se trata de un supino desprecio del Ejecutivo a este cuerpo legal, que en el artículo 133 bis establece: «Los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el artículo 64 quater, serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos».

Sin embargo, el mismo Rivas reconoce que su proyecto se trata más de una acción declaratoria que de una resolución con posibilidades de prosperar y recibir trámite legislativo. El PJ tiene mayoría en ambas cámaras, y aunque se hable de una fractura del peronismo, el único proyecto en el que los duhaldistas votaron en disidencia con el kirchnerismo, junto a los bloques minoritarios de oposición, fue en la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por 120 días.

«Este desmedido protagonismo presidencial y su obsesión por lograr que su esposa acceda a una banca en el Senado han contribuido a que la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires se centre casi exclusivamente en la elección de senadores nacionales y han reducido a una mínima e insignificante expresión la puja por las 35 bancas de diputados nacionales que la ciudadanía bonaerense deberá adjudicar a través de su voto», denuncia el texto del diputado socialista.