Registro de conducir por puntos es ley

La Legislatura porteña comenzó a sesionar con más de tres horas de retraso y aprobó el proyecto de quita de puntos por faltas cometidas, hasta perder el registro, por 52 votos a 1.

La Legislatura porteña aprobó ayer el nuevo y riguroso sistema de registro de conducir que obligará a los automovilistas a cuidarse de no cometer ni acumular infracciones graves si es que no quieren perder su permiso de manejo. El «scoring», inspirado en la legislación española, fue aprobado anoche por los diputados porteños pese al rechazo de los sindicatos de taxistas y de transporte automotor asociados a la CGT de Hugo Moyano.

Con 52 votos a favor, macristas, kirchneristas y legisladores de la Coalición Cívica aprobaron el sistema de «scoring» que otorga a cada conductor un total de 20 puntos que se van descontando de acuerdo a la gravedad de las infracciones de tránsito cometidas. Las sanciones van desde la aplicación de multas a la suspensión del registro para conducir en distintos períodos, hasta la inhabilitación definitiva. La única legisladora que votó en contra fue la izquierdista, Patricia Walsh.

El debate del proyecto comenzó pasadas las 18:00, con tres horas de retraso de acuerdo al horario previsto originalmente, ya que los distintos bloques no lograban ponerse de acuerdo sobre la necesidad de identificar o no a los autores en algunas infracciones. El macrismo impuso que la autoridad debe identificar al conductor en todos los casos, salvo cuando el vehículo cruce con el semáforo en rojo, y aplicar la pena sobre su registro. Pero los legisladores kirchneristas y socialistas de la Coalición Cívica aseguraban que esa práctica era inviable. Finalmente será un juez contravencional quien se encargue de investigar quién haya sido el autor de pasar una luz colorada, agravando así esa infracción a categoría de contravención.

El legislador de PRO, Daniel Amoroso, jefe de la Comisión de Transporte, defendió la postura macrista al asegurar que «ésta no es una ley recaudatoria, lo que queremos es ponerle límite a la cantidad de accidentes que ocurren en la Ciudad al mismo tiempo empezar a ordenar el caótico tránsito porteño».

El kirchnerismo no logró imponer en el texto-final de la ley sus disidencias. El legislador Diego Kravetz, portavoz político del oficialismo en la Legislatura, aspiraba a judicializar la aplicación de las multas y la quita de puntos, y reclamaba que sean los magistrados contravencionales quienes se encargaran de aplicar las sanciones. Finalmente, prevaleció la postura del mayoritario bloque PRO y serán los controladores de faltas, una autoridad administrativa supervisada por el Ejecutivo porteño, quienes se encarguen de descontar los puntos y eventualmente retirar a los infractores su registro de conducir, medidas que según relató el macrista Martín Borrelli, siempre serán apelables ante la Justicia capitalina.

Picadas

La iniciativa prevé que la falta más grave será «participar, organizar o disputar picadas» callejeras, por lo cual se descontarán, de una sola vez, los 20 puntos otorgados inicialmente. Esa circunstancia implicará perder la licencia de conducir durante 60 días y la obligatoriedad de realizar un curso de educación vial, tras lo cual el conductor podrá volver a tener los 20 puntos.

En caso de que se vuelvan a perder los 20 puntos por diversas infracciones, la inhabilitación para conducir será de seis meses, según lo previsto en el borrador de la norma. La ley prevé, además del descuento de 20 puntos para quien corra picadas, una reducción de 10 puntos ante la «negativa a someterse a control de alcoholemia», «conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes», «incumplir obligaciones legales (en caso de accidente de tránsito)» y «exceso de velocidad en más de 40 por ciento superior al límite permitido».

A partir de ahora, con la sanción de la norma, el Ejecutivo capitalino deberá promulgarla, para luego dar inicio a una campaña de concientización y difusión de la ley por un lapso de 180 días. Finalizada esa etapa, prevista para principios de agosto, la ley finalmente entrará en vigencia y se pondrá en funcionamiento efectivo.