Expeditivo, furtivo y bajo custodia, como si fuese en Irak o se tratara de una masónica. En esas condiciones, el Congreso del PJ oficial sesionaría entre el 15 y el 18 de agosto en un intento por clausurar la discusión en torno al control formal del peronismo.
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Luego de la polémica resolución del juez federal de San Luis, Esteban Maqueda, que validó el encuentro que peronistas disidentes hicieron el 6 de julio en Potrero de los Funes, el kirchnerismo comenzó a evaluar los modos para tratar de bloquear esa embestida.
En la Casa Rosada, pronostican que una convocatoria oficial del PJ reuniría a más de dos tercios de los congresales. Es decir: por imperio de los números, una cumbre K -aventuran- barrería cualquier pretensión disidente de querer atribuirse el manejo del peronismo.
Hay una razón básica: a pesar de que Néstor Kirchner no expresa interés expreso sobre el tema, en la Casa Rosada reina la prevención genérica de que «como mínimo» no hay que permitir que el sello PJ termine, en octubre, en las boletas de sectores antikirchneristas.
Sin embargo, en público, el rasgo común de los dirigentes pro Kirchner es menospreciar la movida que unió a Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá y Ramón Puerta como generales de un Comando Superior Peronista (CSP), cenáculo donde también tienen butaca Jorge Sobisch y Luis Patti.
«La foto refleja la seriedad de la reunión de amigos de San Luis», decían, anoche, operadores del gobierno. Sujetos de memoria selectiva como si no hubiesen, no demasiado tiempo atrás, venerado a los dirigentes que poblaron la postal del PJ anti-K.
La contraofensiva es un movimiento a tres bandas donde coinciden la intención del gobierno de mantener el control partidario con el interés de la jueza María Romilda Servini de Cubría, de no ceder el manejo de un expediente que tiene en sus manos desde hace 17 años:
En el plano judicial, Servini de Cubría ratificará su competencia sobre el tema PJ nacional que el juez federal de San Luis, Maqueda, asumió al considerar legal el encuentro de dirigentes en Potrero de los Funes. Anteayer, Maqueda le pidió a Servini que le envíe el expediente PJ: van a tener que contratar dos containers porque la causa ocupa dos habitaciones. Desde 1990, Servini tomó la posta como jueza con competencia electoral del lugar que dejó Juan Fégoli. En el juzgado entienden que la actuación de Maqueda es «improcedente» porque ni siquiera consideró los planteos del fiscal que le solicitó elementos para evaluar la validez del autoproclamado congreso.
En términos políticos, se apurarán los trámites para la realización de un congreso partidario del PJ nacional entre el 15 y el 18 de agosto, unos pocos días antes del vencimiento -que opera el 28 de agosto- del plazo para inscribir alianzas electorales. El destino de esa cumbre depende, como ya contó este diario, de cómo prospere el encuentro previsto para el 10 de agosto del PJ bonaerense, en el micro estadio del club Lanús. Si ese show funciona sin mayores incidentes, el oficialismo se garantiza el número -y la calma- suficiente para realizar el encuentro nacional.
El vínculo entre ambos aspectos, el judicial y el político, opera en el plano de una eventual elevación a la Cámara Nacional electoral: en ese caso, el gobierno no será ajeno a un pedido de resolución ultrarrápida del conflicto entre jueces al tiempo que, eventualmente, pedirá que cualquier acción sea sin carácter suspensivo con lo que Servini mantendrá el manejo del expediente y el PJ oficial seguirá, vía el interventor de Ramón Ruiz, en sintonía con los deseos de la Casa Rosada. En ese aspecto hay un punto particularmente sensible: en algún momento, Kirchner evaluó que la marca electoral con la que competirá su esposa en octubre sería Frente Justicialista para la Victoria. Si la propiedad del PJ queda en suspenso, el sello histórico -como en 2003- no podría ser utilizado por nadie. Quizá a Cristina Fernández no le desagrade.
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