Rodríguez Saá defendió revisión de leyes

«¿No caducará también el matrimonio civil?, así uno queda descasado.» Esta fue la única frase graciosa que se escuchó ayer sobre el debate reflotado por Alberto Rodríguez Saá en Miami sobre una revisión de todas las leyes vigentes en caso de que su hermano Adolfo gane las elecciones presidenciales. La dijo un ecuatoriano al salir del salón del Biltmore Hotel de Coral Gables, donde sesiona un seminario sobre América latina.

Las demás repercusiones fueron menos festivos. Por eso el adolfismo reunió ayer a sus asesores de campaña para una evaluación de daños para saber las consecuencias en el perfil del candidato del relanzamiento de una idea que no es nueva ni en Rodríguez Saá ni en la política criolla.

La habían explicado antes ya los dos hermanos en reuniones de cuadros y también en actos públicos. Primero fue Alberto en la cumbre de julio de Huerta Grande, Córdoba y después Adolfo en el acto del Luna Park, y se la repitió mucho en programas de TV. «Nosotros queremos fundar una nueva República y uno de los problemas que tiene la República Argentina es la corrupción estructural. Los estudios indican que aproximadamente una de cada cinco leyes está encondiendo un nicho de corrupción estructural», subrayó.

La idea del candidato es que la institución más desprestigiada es el Congreso, cuyo producto son las leyes. Estas, sigue el teorema, encierran el secreto de lo que R. Saá llama la «corrupción estructural». Mandando a revisión todas las leyes vigentes se fuerza a cada legislador a mostrar su juego en favor o en contra de las normas discutidas de nuevo. « Mi fórmula propone establecer una regla de revisión de la legislación para eliminar los nichos estructurales de corrupción», explicó Alberto a una radio.

Ese proceso se ordenaría por un proyecto de ley que ese Congreso debería aprobar, algo que convierte a la idea en algo cercano a la quimera; más si se piensa que un nuevo presidente tiene que asumir el 25 de mayo próximo, es decir con el mismo Congreso que hoy tiene el país.

•Alarma

El auditorio que escuchó cómo Alberto Rodríguez Saá defendía la idea en una polémica en la Americas Conference del Biltmore Hotel de Coral Gables, Florida, se alarmó cuando el jefe de campaña de su hermano describió ese proceso. «Son seis meses, nada más, en el mes uno los códigos, en el mes dos las leyes importantes, en el mes tres las leyes más accesorias», dijo Alberto para rematar: « Y si al cabo de ese lapso nos faltan leyes usaremos los decretos de necesidad y urgencia».

Sentado a la misma mesa, Ricardo López Murphy aprovechó para caracterizar el proyecto como generador de más inseguridad jurídica. Ayer, por varias radios, Alberto defendió esa revisión de leyes como un elemento para aumentar la seguridad jurídica y López Murphy se mantuvo, también desde Miami y por radio, en su posición crítica.

Desde varios sectores salieron voces críticas hacia la iniciativa adolfista. El ministro Aníbal Fernández, que no ha resignado su rol de vocero informal del gobierno, dijo: « Si nosotros damos estos mensajes, lejos de colaborar en el mejoramiento de la relación, lo que estamos haciendo es espantar a los eventuales inversores».

Otro hombre tocado por la verba de Alberto también respondió a través de su vocero. Felipe Solá fue criticado en Miami por proponer el alojamiento de delincuentes comunes en contenedores, algo que R. Saá consideró un acto de corrupción -por el precio que cree se pagará por el sistema-y una viola-ción a los derechos humanos.

El portavoz de Solá, Jorge Matheus, se quejó de que Alberto ignorase que «en comisarías que pueden albergar 17 presos hay más de 50, para citar un solo ejemplo, y que ante la llegada del verano es harto necesario encontrar una solución rápida». Más le molesta a Matheus que Rodríguez Saá hable de derechos humanos cuando el subsecretario del área en la provincia es Jorge Taiana (h), el mismo que ocupó ese cargo en el orden nacional cuando Adolfo R. Saá fue presidente en diciembre pasado.

«A nadie en su sano juicio se le ocurre encerrar presos en los contenedores. Es la adecuación de enormes estructuras apiladas en los puertos para que puedan ser habitadas, como lo hacen en la actualidad muchas empresas que las utilizan para obradores o para viviendas, e incluso para el funcionamiento de escuelas en distritos de nuestra propia provincia», termina explicando Matheus.

Del menemismo, caso raro, ayer nadie habló sobre esta idea. Pudo hacerlo alguien porque la iniciativa le pertenece -en un contexto no proselitista-al propio Carlos Menem. La plantearon en 1993 Roberto Dromi, Eduardo Bauzá y Eduardo Menem, y justificó el nombramiento de Dromi como asesor presidencial con la misión de confeccionar el nuevo Digesto de las leyes vigentes en la Argentina. El argumento de esa tarea que nunca se completó era salvar al país de la « asfixia jurídica» en un sistema de leyes donde conviven miles de leyes inoperantes o que se contradicen con normas que las superaron.

En aquel momento esa revisión de las leyes vigentes en realidad sirvió para preparar los borradores de la reforma constitucional que se aprobó en el año siguiente tras el pacto de Olivos. Esta vez la misma idea quiere usarse como gatillo de una revolución.

No dice Matheus lo que más mortificó al felipismo. Las críticas de Alberto las hizo acompañado en Miami por el adolfista Luis Lusquiños, principal contacto con Teresa Solá, esposa del gobernador. Pero de eso ni mejor hablar.