Sala Juzgadora busca "nexo" Ibarra-Chabán

Política

Lo sustancial del proceso de juicio político contra Aníbal Ibarra empieza mañana. Hasta ahora no hubo «un descubrimiento» que revelara la impericia del jefe de Gobierno. En parte porque se conocía de antemano el contenido de los testimonios dramáticos (había diputados que hasta seguían las declaraciones desde sus notebooks). En parte, porque el funcionamiento del sistema de emergencia no es la acusación fundamental, es decir, la que termine decapitando al alcalde porteño. La imputación que determinará la continuidad o la destitución de Ibarra es el control comunal. En palabras llanas significa: los mecanismos de habilitaciones e inspecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Es ése y no otro el nudo gordiano que puede acabar con la carrera política del frentista. Descubriendo la esencia del problema, se podrán develar todas sus implicaciones.

Sobre esta cuestión trabajan los fiscales. Creen que la parte más jugosa y donde se juega la función del gobierno de Ibarra es escudriñar en la etapa anterior a la tragedia de Cromañón. Por eso, ya han sugerido a la Sala Juzgadora avanzar en la relación Ibarra-Chabán. Con esa investigación buscan probar una supuesta connivencia del jefe de Gobierno con el gerenciador del boliche donde murieron 194 personas.

La Sala Juzgadora envió señales de que está interesada en abordar el tema y aceptó que sea citado como testigo Gustavo López, secretario de Cultura y, además, uno de los principales operadores de Ibarra en su intento por regresar al poder.

• Cemento

López deberá explicar por qué Cemento, un establecimiento que pertenecía a Chabán, recibía un subsidio de $ 5 mil de manos de la Ciudad. Y revelar los fundamentos que hacían posible que el Estado subsidiara a un grupo privado.

El funcionario ya comenzó a explicar que el subsidio otorgado a Cemento fue aprobado por el organismo descentralizado Pro Teatro el 2 de abril de 2004 y dado de baja el 12 del mismo mes porque no lo retiraron.

La tesis de los fiscales
Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Rubén Devoto es que la operación oculta una supuesta permisividad de la gestión Ibarra para con Chabán. Sospechan que era «un intocable» en el cuaderno de las inspecciones y habilitaciones.

Al gobernador de la Ciudad se lo ha acusado de mal desempeño, pero no se le ha achacado ningún acto de corrupción. Si los fiscales lograran probar que Ibarra está implicado en un acto de esta naturaleza, entonces, habrán socavado toda la estructura sobre la cual Ibarra sustentó su figura política durante años
.

Esa posibilidad la alimentó, el jueves último, el abogado
José Iglesias, padre de una de las víctimas de la tragedia de Cromañón. Cuando declaró sostuvo que habían habido actos positivos de Ibarra en defensa de Chabán para mitigar la normativa de la habilitación del local bailable Cemento. Concretamente, dijo que «el día en que el Concejo Deliberante votó la clausura de Cemento, el entonces concejal Ibarra se ausentó, para publicar luego dos notas periodísticas criticando la decisión».

La defensa de suspendido jefe de Gobierno ha comenzado a prestarle mucha atención a esta acusación que puede desestabilizar las aspiraciones de retorno del mandatario.

Los fiscales en tanto buscan la forma de minimizar el impacto del fallo de la Cámara del Crimen que bajó a «incumplimiento de deberes» la imputación de los ex funcionarios de gobierno y los desvinculó de una supuesta responsabilidad en la muerte de los jóvenes.

Los estrategas ibarristas dicen que esa sentencia es crucial porque muestra que el poder de Policía estaba delegado.

Sin embargo, los diputados acusadores han elaborado una teoría que voltea esa impresión. Aseguran que si bien es cierto que no tienen responsabilidad penal en la muerte de los jóvenes seguidores de la banda de Callejeros, la imputación de incumplimiento de deberes en la causa penal esta ligada con el mal desempeño en el juicio político. Y que ese fallo muestra el mal desempeño de Ibarra.

«Nosotros estamos juzgando la responsabilidad política de Ibarra, aquí esta claro que hubo un poder hiperconcentrado en un grupo de habilitaciones y clausuras. Todo era responsabilidad de Ibarra y no hizo nada», sostiene el diputado Enríquez.

San Martino, otro de los acusadores, confesó que la Fiscalía apunta a «acercar
evidencias de cómo se habilitó Cromañón y cómo se lo inspeccionó a lo largo del tiempo.

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