Sala Juzgadora busca "nexo" Ibarra-Chabán
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El funcionario ya comenzó a explicar que el subsidio otorgado a Cemento fue aprobado por el organismo descentralizado Pro Teatro el 2 de abril de 2004 y dado de baja el 12 del mismo mes porque no lo retiraron.
La tesis de los fiscales Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Rubén Devoto es que la operación oculta una supuesta permisividad de la gestión Ibarra para con Chabán. Sospechan que era «un intocable» en el cuaderno de las inspecciones y habilitaciones.
Al gobernador de la Ciudad se lo ha acusado de mal desempeño, pero no se le ha achacado ningún acto de corrupción. Si los fiscales lograran probar que Ibarra está implicado en un acto de esta naturaleza, entonces, habrán socavado toda la estructura sobre la cual Ibarra sustentó su figura política durante años.
Esa posibilidad la alimentó, el jueves último, el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas de la tragedia de Cromañón. Cuando declaró sostuvo que habían habido actos positivos de Ibarra en defensa de Chabán para mitigar la normativa de la habilitación del local bailable Cemento. Concretamente, dijo que «el día en que el Concejo Deliberante votó la clausura de Cemento, el entonces concejal Ibarra se ausentó, para publicar luego dos notas periodísticas criticando la decisión».
La defensa de suspendido jefe de Gobierno ha comenzado a prestarle mucha atención a esta acusación que puede desestabilizar las aspiraciones de retorno del mandatario.
Los fiscales en tanto buscan la forma de minimizar el impacto del fallo de la Cámara del Crimen que bajó a «incumplimiento de deberes» la imputación de los ex funcionarios de gobierno y los desvinculó de una supuesta responsabilidad en la muerte de los jóvenes.
Los estrategas ibarristas dicen que esa sentencia es crucial porque muestra que el poder de Policía estaba delegado.
Sin embargo, los diputados acusadores han elaborado una teoría que voltea esa impresión. Aseguran que si bien es cierto que no tienen responsabilidad penal en la muerte de los jóvenes seguidores de la banda de Callejeros, la imputación de incumplimiento de deberes en la causa penal esta ligada con el mal desempeño en el juicio político. Y que ese fallo muestra el mal desempeño de Ibarra.
«Nosotros estamos juzgando la responsabilidad política de Ibarra, aquí esta claro que hubo un poder hiperconcentrado en un grupo de habilitaciones y clausuras. Todo era responsabilidad de Ibarra y no hizo nada», sostiene el diputado Enríquez.
San Martino, otro de los acusadores, confesó que la Fiscalía apunta a «acercar evidencias de cómo se habilitó Cromañón y cómo se lo inspeccionó a lo largo del tiempo.
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