Pacto con CGT: pagan $4.000 millones y negocian por $18.000 millones más

Política

Central obrera logró que el equipo de Alberto Fernández reconociera deuda de larga data y repago de tratamientos demorados por actual gestión.

El Gobierno acordó ayer con la CGT que este mes saldará unos $ 4.000 millones de una deuda total estimada en 10 mil millones de pesos con sus obras sociales por reintegros de tratamientos médicos de alto costo, al tiempo que abrió una negociación por otros 18 mil millones de pesos que los gremios pedirán volcar a sus prestadoras. La crisis por el coronavirus aceleró los tiempos de la discusión y este viernes habrá un encuentro de alto nivel entre funcionarios y dirigentes para diseñar un plan de colaboración de esas entidades de salud con la atención de la pandemia.

El entendimiento aflojó la tensión que crecía entre la administración de Alberto Fernández y los principales referentes de la CGT por la alegada falta de respuestas de los funcionarios a los reclamos financieros. Y también, por el desaire de haber marginado de la estructura del Ministerio de Salud al postulante que la central obrera había propuesto para encabezar un organismo clave para el sistema sanitario.

La reunión de ayer contó con la participación del viceministro de Salud, Arnaldo Medina, del superintendente de Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini, el gremialista José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT y referente de la gestiones relacionadas con las obras sociales, y los presidentes de las principales prestadoras de sindicatos como Comercio, Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Camioneros y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), entre otras.

El clima previo no era el mejor: desde la asunción de Fernández y, sobre todo, a partir de la declaración del coronavirus como pandemia, el sistema de obras sociales había permanecido al margen de la agenda de consultas y relevamientos de los funcionarios. Lo mismo con la estructura hotelera de los gremios, a pesar de que varios de ellos ya habían adelantado su intención de ponerla a disposición de los requerimientos de la emergencia sanitaria. Lo más grave para la CGT, sin embargo, era la falta de liquidación de los expedientes presentados este año por los tratamientos de alto costo y complejidad cuyos montos debía reembolsar la SSS a través del Sistema Único de Reintegros (SUR).

A ese combo se le sumaba el malestar por la decisión de Ginés González García de nombrar al frente de la SSS a Eugenio Zanarini, hasta entonces rector de la universidad Isalud creada por el ministro de Salud, y relegar al candidato de la CGT, David Aruachan (presidente de Accord Salud-UPCN) al puesto de gerente general. La Superintendencia es el organismo clave por tener a su cargo el contralor de obras sociales y prepagas y la administración del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), un instrumento que concentra una porción de los aportes impositivos de las prestadoras gremiales de salud para destinarlos al financiamiento de los tratamientos más costosos a través de un sistema de reintegros.

El eje del encuentro fue el pedido de la central sindical de ratificar la vigencia y la instrumentación del decreto de necesidad y urgencia 908/2016, mediante el cual la administración de Mauricio Macri comprometió la mayor distribución de recursos a favor de las obras sociales en la historia. En aquella oportunidad, y tras reconocer una deuda de 30 mil millones de pesos por el acumulado del FSR que jamás saldaron las gestiones de Néstor y Cristina de Kirchner, Cambiemos estableció la devolución del total de acuerdo a tres instrumentos: 14 mil millones de pesos se canjeaban por Bonar 2020 (que deberían vencer en diciembre de este año); $4.500 millones se destinarían a un fondo anticíclico para eventuales situaciones de emergencia o epidemias (como el actual coronavirus), y $ 8.000 millones serían “cedidos” por los gremios a un plan denominado Cobertura Universal de Salud (CUS) para apuntalar la infraestructura sanitaria pública, en tanto que la norma disponía el pago en efectivo de $2.704 millones por expedientes adeudados de 2015.

Ese decreto fue incumplido en casi toda la línea por la gestión de Macri. Con excepción de los bonos, el fondo anticíclico permaneció intocado y el CUS jamás se puso en marcha como los funcionarios habían comprometido, a través de obras edilicias que contarían con el monitoreo de la CGT. Ambos fondos (el anticíclico trepó por intereses a unos 10 mil millones de pesos en la actualidad) fueron retomados en la discusión de ayer: las obras sociales reclamaron volver a volcarlos al sistema de salud de los gremios. De cumplirse ese pedido las prestadoras sumarían otros 18 mil millones de pesos que, dijeron sus autoridades, les permitirían blindarse frente a las demandas extraordinarias que sobrevendrán con el eventual avance del coronavirus en la Argentina.

Según los cálculos de la CGT, con 8 mil camas de terapia intensiva en el país, el sistema de salud podría tener un faltante de unas mil que los propios gremios podrían suplir a través de sus hoteles y establecimientos, como ofrecieron Comercio, Sanidad, el Seguro, y también los de la CTA de los Trabajadores.

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