Corrientes - Crece la tensión política, producto de la virtual coexistencia de dos cortes provinciales: hoy la mayoritaria oposición legislativa ratificará que no reconoce a los jueces que el lunes el gobernador Ricardo Colombi nombró en comisión para cubrir vacantes en el Superior Tribunal de Justicia.
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Mientras, se cocinan otros dos frentes contra Colombi. Los apoderados de los partidos opositores trabajan ya para llevar el conflicto a la Corte Suprema de Justicia nacional, mientras que sería inminente la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario radical, que sería vehiculizado por el Colegio de Abogados de la provincia. El terreno para el gobierno local es complejo: la oposición controla 15 diputados (sobre 26) y 8 senadores (sobre 13).
En ese tenso clima, ayer Nación destrabó un adelanto de coparticipación de $ 10 millones para que el gobierno correntino haga frente a los compromisos más urgentes, que sería utilizado para completar el pago de los sueldos de octubre.
Ayer se vivió un nuevo día de rumores de pedidos de intervención federal, aunque hasta anoche no se habían traducido en los papeles. «Esperamos que sea el gobierno nacional el que impulse el remedio federal», reconoció ayer un legislador de la oposición, que comanda el caudillo del Partido Nuevo, Raúl «Tato» Romero Feris. Por su parte, el senador nacional Angel Pardo (PJ) pidió al ministro del Interior, Jorge Matzkin, que Nación «arbitre las medidas de acercamiento y el hallazgo de soluciones», ante el riesgo de «una eclosión social, que obligará a cargar los Hércules con fuerzas federales y adoptar el remedio de la intervención». Sin embargo, ayer Matzkin desechó ayer el convite e instó a «la comprensión e inteligencia de la dirigencia política correntina para que encuentre la solución a estos problemas».
La ola de versiones se multiplicó luego de que, durante la mañana de ayer, los jueces nombrados en comisión por Colombi pretendieran acceder a sus despachos con un cerrajero, sin éxito, ante la oposición de, entre otros legisladores, el diputado nacional Rodolfo Martínez Llano (PJ).
El eje del conflicto: luego de que el viernes finalizaran las sesiones ordinarias, Colombi nombró en comisión a 4 jueces para ocupar 3 vacantes en el Superior Tribunal de Justicia (en manos de magistrados subrogantes), además de la Fiscalía General, alegando que el Senado no1 le aprobó los pliegos propuestos y que lo ampara la Constitución. Pero la oposición llamó a extraordinarias (que no reconoce Colombi) y se arroga la facultad de normalizar la Justicia. Desde este lunes conviven la «vieja» Corte que encabeza Fernando Niz (apoyada por la oposición) con la «nueva» Corte, con Juan Carlos Codello como titular (defendida por el oficialismo).
Mientras tanto, ayer desembarcó en la provincia el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan José Mussi, para preparar el lanzamiento del operativo Rescate en Corrientes, previsto en principio para la se-mana que viene. Hoy hará lo propio el secretario general de la Presidencia, José Pampuro, quien coordinará ese equipo contra la desnutrición.
Mussi mantuvo encuentros en Monte Caseros con consejos consultivos y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, su presencia pasó casi inadvertida, opacada por el conflicto institucional desatado esta semana.
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