La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado discutirá hoy los proyectos de resolución presentados para expulsar al senador justicialista Raúl Ochoa de la Cámara, condenado por votar dos veces en la elección de octubre de 2001.
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El asunto iba a ser tratado la semana pasada, pero la sorpresiva presencia de una ex jueza denunciando a varios funcionarios del gobierno de San Luis por «coacciones agravadas» hizo que la reunión se extendiera hacia otros canales.
Desde las 16 de hoy, en el Salón Illia del Senado serán debatidos dos proyectos: uno firmado por la frepasista bonaerense Diana Conti, y otro, por el radical puntano Jorge Agúndez, que excluyen de su cargo a Ochoa por «aplicacióndel Artículo 66 de la Constitución Nacional».
La letra de la Carta Magna consigna que «cada Cámara podrá con dos tercios de votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno». Ochoa fue condenado a dos años y diez meses de prisión en suspenso y a nueve de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber sido encontrado culpable de sufragar dos veces durante los comicios con los cuales llegó a la Cámara.
El martes pasado se recibió el descargo de Ochoa que está fundado en supuestas « irregularidades» en el desempeño de la Justicia puntana, y en desbaratar los argumentos empleados por Conti y por Agúndez para su expulsión.
• Intervención
Al respecto, la comisión que preside Cristina Fernández de Kirchner también discutirá el proyecto de ley presentado por el senador radical para solicitar la intervención federal al Poder Judicial de la provincia.
Sobre este tema, la semana pasada la ex jueza de la Cámara Penal 1 de esa provincia Marina Ziliotto realizó ante los miembros de la comisión una denuncia oral por haber sido obligada a firmar en blanco la renuncia a su puesto.
La abogada, en una presentación de aproximadamente una hora, narró cómo fue que se le exigió que firmara su renuncia en blanco, en una denuncia en la que nombró al ministro de Legalidad de la provincia, Sergio Freize.
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