Senado: firman el reglamento para lobbystas

Los senadores comenzarán a firmar esta tarde el dictamen reglamentario del lobby que obliga a registrarse a quienes aboguen por intereses propios o de terceros, a cambio de remuneración, y establece multas de hasta $ 50 mil pesos para quienes infrinjan este régimen. Asimismo, obliga a presentar informes semestrales sobre las actividades desplegadas en el Congreso y el Ejecutivo.

La ocasión será más que oportuna: las adhesiones al despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales se colectarán a continuación de otra escena del show sobre supuesto pedido de coimas a banqueros por la ley Barrionuevo, en la dependencia que preside Cristina Fernández de Kirchner (ver nota aparte).

A las 17, el senador Carlos Verna (PJ-La Pampa) comparecerá ante los integrantes de Asuntos Constitucionales y explicará su relación con el lobbysta Carlos Bercún. Verna, que se negó dos veces a someterse a un cuestionario en vivo y en directo, finalmente aceptó responder a Roberto Lavagna.

En el marco de esta investigación casera sobre la sanción de la polémica ley que creó una «caja» sindical de $ 350 millones, el ministro de Economía reconoció que había cenado con Bercún, invitado por Verna, a quien comprometió con el consultor. Bercún apareció en el ojo de la tormenta después de que varios legisladores mencionaran que podría haber sido un intermediario el que exigió favores a cambio de frenar el proyecto de Barrionuevo, según denunció «The Financial Times».

• Registro

El dictamen será el primer envión para la creación del registro de lobbystas, que estará a cargo del jefe de Gabinete y los respectivos secretarios parlamentarios del Senado y de Diputados. Deberán inscribirse ahí las personas físicas o jurídicas que pretenden influir en la elaboración o sanción de proyectos legislativos o del Ejecutivo; y la regulación o control de un servicio público.

El proyecto en debate surge de la combinación de varias propuestas, entre ellas, las de los justicialistas Jorge Capitanich (Chaco), Jorge Yoma (La Rioja) y Juan Carlos Maqueda (Córdoba), más la del radical chubutense Carlos Maestro.

Yoma y los ex diputados de la desaparecida Alianza, Carlos Becerra (UCR) y Horacio Viqueira (Frepaso), fueron pioneros en la materia, aunque con escaso suceso entre sus pares hasta ahora. Yoma presentó el primer proyecto en 1996, después de analizar la legislación estadounidense. Ayer adelantó a este diario que «pedirá incorporar algunas precisiones en el articulado, una vez que llegue al recinto».

«El año pasado auspicié una modificación de la Ley de Etica Pública para penalizar el tráfico de influencias y diferenciarlo del lobby legítimo, pero no prosperó», se lamentó Yoma, ahora confiado en que saldrá esta norma. El asesor jurídico Rodolfo Eiben, que trabajó en el proyecto Becerra-Viqueira del '99, marcó diferencias y criticó aquella propuesta de Yoma porque «pretendía que el Congreso recibiera información sobre las negociaciones privadas antes de llegar a un acuerdo».

Con conocimiento en la materia, Eiben insistió en que «los lobbys son mal considerados, pero hay que reglamentarlos para desmitificarlos». El ex asesor de la Secretaría General de la Presidencia y de procesos privatizadores varios memoró que la iniciativa de Becerra y Viqueira obtuvo dictamen favorable de comisión, pero quedó cajoneada en Diputados, sin explicaciones.

El dictamen que se firmará hoy establece prohibiciones, además de excluir a funcionarios públicos, expresamente impide que los lobbystas aboguen al mismo tiempo por entidades con intereses opuestos, algo que parece hecho a medida del caso Bercún, quien tenía contratos con dependencias del Estado y entidades financieras privadas.

En forma semestral, los registrados deberán presentar ante la autoridad de aplicación correspondiente un informe escrito en el que conste, entre otras cosas, actualización de los datos consignados en la declaración jurada, los métodos empleados y los funcionarios o dependencias contactados, y la nómina de personas que hubieren trabajado para el lobbysta.