Festeja corporación judicial por la (ex) reforma, Casal en la mira y pliegos clave con balance de poder

Política

Contencioso logró candidatos a juzgados estratégicos. Gobernadores e intendentes celebran flamante estructura aprobada por Senado. Bruglia-Bertuzzi, en tiempo de descuento. Tensión con Larreta, efecto colateral. Avanza táctica "jury" a Casal. Gil Lavedra, muy activo.

Mientras se aplacaban los ecos de la aprobación en el Senado de la (ex) reforma judicial que se transformó en una imponente creación de cargos y estructuras nuevas, sobre todo en el interior del país, el Gobierno envió una señal que puede leerse en clave del nuevo panorama de fuerzas al interior del Poder Judicial. Camuflado en el reenvío de pliegos de jueces que había retirado a principios de la gestión, remitió al Congreso las candidaturas para tres estratégicos juzgados del fuero Contencioso Administrativo Federal, con cambios para escudriñar. Los elegidos para aval del Senado son Enrique Alonso Regueira, Edgardo Lara Correa y Diego Martín Cormick para los Juzgados N° 1, 10 y 11, respectivamente, en el fuero de la “gobernabilidad”. El primero es el único que se mantiene de la selección del gobierno anterior. Candidato cercano al hombre fuerte de ese fuero, Sergio Fernández, tuvo su paso por la vocalía de Elena Highton de Nolasco, justo después de que el Contencioso admitiera su amparo para permanecer en la Corte más allá de lo que fue luego el límite taxativo a los 75 años de edad. Lara Correa es secretario de la Sala V de la Cámara y algunos lo señalan como cercano a Javier Fernández, el auditor que reaparece con vigor, a pesar de estar distanciado con su hermano con quien no actúa más en tándem. Mala señal para los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -cuyo amparo quedó radicado en esa sala- que suman una razón más para tener su boleto de regreso al origen. Al menos, en esta instancia. Cormick, fue titular de la IGJ en pleno apogeo del kirchnerismo. Los pliegos son una postal del nuevo equilibrio.

Como ya había adelantado Ámbito, los gobernadores fueron los que más aplaudieron la incorporación de juzgados, Cámaras y Tribunales en las provincias que se agregaron al proyecto oficial antes de aprobarse en el Senado. Festejan por igual los mini-gobernadores de algunos distritos bonaerenses que también tuvieron premio. El modelo de “Comodoritos Py” resultó de exportación, como ya se dijo en estas líneas. Pero lo novedoso es que también se alegó gran parte de la corporación judicial. El cálculo es simple. Si su aprobación prospera y alguna vez se implementa, la política –como siempre- se reservará para sí la cobertura del 30% de los nuevos cargos. Pero otro 50% provendrá de la cantera del propio Poder Judicial. Hay un 20% que, irremediablemente, se mantiene como una constante: son las vacantes existentes (y que hoy en día pueden exceder esa cifra) para los cuales no ha habido acuerdo suficiente para cubrir. Es un déficit que en la justicia le achacan también a la política. La reforma se convirtió así en “tierra de oportunidades”.

En total, habrá 156 cargos de jueces en juego: 60 de Cámara (esto incluye cámaras en las provincias, tribunales orales federales nuevos y 5 nuevos TOF en Capital Federal), sumados a los 96 jueces federales de primera instancia. En los cambios del dictamen y la votación no sólo se mantuvo la exclusividad de secretarías que tramiten causas por delitos de lesa humanidad. El artículo 71 crea nuevas secretarías para cada uno de los juzgados de “garantías” nuevos con el noble propósito de la “protección de los consumidores y usuarios, del medio ambiente y de procesos colectivos”. Un avance para la protección de derechos y una gran noticia para quienes se ocupan del nicho que ofrece la problemática de los seguros ambientales.

En cuanto al Ministerio Público Fiscal, en el interior se agregarán 91 fiscalías más las 28 (entre juzgados y TOF en la Capital Federal); el de la Defensa, consiguió 52 en el interior y 11 en territorio capitalino, bajo los mismos conceptos. Con estos números sobre la mesa, como tema, para el mundo judicial, la sanción en el Senado tapó el de la decena de “traslados” que tendrán un hito este viernes, con la audiencia pública para la que deberán prepararse los jueces que tengan una rendija para lograr su aval.

No es el caso de Bruglia y de Bertuzzi que jugaron a negro y a color en la ruleta de los recursos, yendo a la Cámara en apelación a su amparo pero también vía “per saltum” a la Corte. No ha sido un tema del cuarto piso del Palacio de Tribunales, más allá de algún mensaje esperanzador que partió de una vocalía. Un recurso de este tipo por “gravedad institucional” no es admisible desde 2013. “Tendría que ser técnicamente impecable”, resumió una fuente. Distinto camino eligió Germán Castelli que mira al máximo Tribunal como última instancia, pese a que, desde el oficialismo insistían en que desconocen por qué judicializó su caso si no iba a ser originalmente removido del Tribunal Oral Federal N°7 que tiene la causa “cuadernos”.

De regreso a la (ex) reforma, la Asociación de Magistrados y la Justicia Penal Nacional –conocida como “ordinaria”, no están de celebración por el tramo que les toca: anuncios de judicialización y un malestar por su situación que también se traslada a la administración porteña. Cerca de Horacio Rodríguez Larreta sospechan que el Gobierno aplicará la manda de Cristina de Kirchner respecto a quitarle coparticipación a la Ciudad, que había sido beneficiada so pretexto del traspaso de la policía durante el gobierno de Mauricio Macri. Esa quita podría materializarse a través de un asiento de caja, teme el jefe de Gobierno: la justicia penal traspasada con recursos podría calcularse en un punto de coparticipación. Es lo que se pensaba recortar de la masa de recursos que recibe la Capital Federal. Con traspaso incluido, podría dejarse tal como está. Por eso, Larreta soltó a su mastín en la Corte, Marcelo D´Alessandro para otear el horizonte en caso de que el tema se dirima en un pleito de alta escala. Eso se suma a lo que algunos jueces penales están planteando en sigilo. Varios de ellos que habían sido nombrados durante el macrismo están acudiendo a escribanos para declinar la cláusula que firmaron cuando fueron designados que incluía una aceptación a ser traspasados a la órbita porteña en caso de que el traspaso avanzase. Buscan dejar una constancia (tardía) de que fueron “coaccionados” para aceptar ese destino por el Ministerio de Justicia que presidía Germán Garavano.

La suerte del procurador interino, Eduardo Casal es otro de los motivos de conversación en el mundo judicial. Tal como adelantó Ámbito el 4 de agosto, el oficialismo amagó con el juicio político al jefe de los fiscales pero con números imposibles, la verdadera estrategia era ir tras el “jury” como un fiscal más, dado que no tuvo aval del Senado para ser Procurador. Este camino no está exento de rispideces, pero los movimientos ligados al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal dispararon las alarmas para un sector del macrismo que está embarcado a tomar la bandera de Casal para sostener un discurso de presunto avasallamiento a la justicia. En realidad, el nombramiento del Procurador también es un problema para el que la política todavía no encuentra cauce.

El Senado avanzó en el reemplazo de su representante, con César Grau al frente, lo que deja al kirchnerismo, señalan, a un voto de diferencia para promover su suspensión por esta vía que preanuncia chispazos en la interpretación. Pero este panorama tampoco está tan claro, al menos en lo que se refiere a lo que podría votar Adriana Donato, representante por el lado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Consultado por Ámbito, Jorge Rizzo aseguró que no depende de él la posición que adopte Donato, libertad que quedó explícita en el propio Consejo de la Magistratura cuando la abogada dio luz verde al traslado de Carlos Mahíques a la Cámara de Casación, a contramano de lo que proponía institucionalmente Rizzo. Un dato poco conocido es que Donato trabaja actualmente contratada como asesora en el Ministerio Público Fiscal porteño que encabeza Juan Bautista Mahiques. En las últimas semanas, quien se mostró interesado por la suerte de Casal fue el activo abogado Ricardo Gil Lavedra que fatigó el teléfono buscando apoyos para el procurador interino. Sorpresivamente (o no), también gastó pulsos para pedir por la permanencia de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal.

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