22 de noviembre 2000 - 00:00

Senadores investigados acusan ahora al fiscal

El bloque PJ formalizó ayer un pedido por escrito de juicio político contra el fiscal que solicitó las declaraciones juradas y cuentas bancarias de todos los senadores, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos contra Augusto Alasino, Emilio Cantarero y Jorge Massat.

Los peronistas Carlos De la Rosa (Mendoza), Jorge Mikkelsen Loth (Santiago del Estero) y el fueguino Gerardo Palacios se presentaron ante Nicolás Becerra para plantearle el jury contra el fiscal Paulo Starc. Delante del procurador general de la Nación lo acusaron de mal desempeño, grave negligencia y comisión de delitos dolosos.

Según los fundamentos del trío, Starc habilitó el acceso al expediente de terceros -periodistas-, lo cual implica una «transgresión al artículo 204 del Código Penal».

Otro cuestionamiento

También cuestionan la forma en que el fiscal solicitó la remisión de datos al Senado. Debió -de acuerdo con el paper-haberse dirigido al procurador, quien dispone de «la facultad privativa, exclusiva y excluyente de articular las relaciones con los demás poderes del Estado».

«En tal sentido, resulta tan inexplicable como irrazonable, el pedido de remisión de declaraciones juradas de los senadores Corach, Rostan, Di Pietro, Loza y Palacios, atendiendo a que sus correspondientes mandatos se iniciaron con posterioridad al 15 de diciembre, habiendo percibido su primer salario recién en febrero del año 2000».
Es decir que no tenían por qué presentar el listado de bienes.

El envío de información a Starc derivó en una minicrisis en el Senado ya que los peronistas acusaron a Mario Losada de haber facilitado los datos, aun cuando no se habían cumplido las formalidades exigidas por ley. En venganza, hasta amenazaron con sacarlo de la presidencia provisional -virtual vicepresidencia de la Nación-, en diciembre.

El entredicho casi le cuesta la cabeza al secretario administrativo, el alfonsinista José «Chiche» Canata. El funcionario entregó a la Justicia las declaraciones de bienes y los números de cuentas bancarias.

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