El gobernador Eduardo Brizuela del Moral separó en forma preventiva" a tres funcionarios contables del poder Ejecutivo local para "determinar si tuvieron responsabilidad" en el fraude por 5 millones de pesos abonados por la Secretaría de Desarrollo Social a dos fundaciones.
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A través de un decreto firmado por el gobernador, que incluye el informe preliminar de la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado, se separó de sus cargos en forma preventiva al tesorero de la provincia, Alex Soto Hernández; al subtesorero, Santiago Benjamin Bordón y la subcontadora general Juana de la Colina.
Brizuela del Moral ya había separado de sus cargos al ex secretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas y al ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, entre otros, para "deslindar responsabilidad en el megafraude de 5 millones de pesos que se abonó a las Fundaciones Jóvenes en Progreso e IDEIA".
Asimismo, se instruyó a la Fiscalía de Estado para que tome participación en la causa penal al adoptar las medidas que corresponda en resguardo del patrimonio provincial y reitere la decisión "de llegar hasta las últimas consecuencias en el megafraude por casi 5 millones de pesos".
También se instruyó para que el Poder Ejecutivo provincial se constituya en querellante particular y actor civil para que aporte pruebas y sugiera medidas probatorias, al tiempo que se "procurará recuperar el dinero pagado a las fundaciones".
El caso conoció en octubre del año pasado, a partir de una investigación periodística de Diario El Ancasti que revelaba que la Secretaría de Desarrollo Social había pagado alrededor de 5 millones de pesos a las dos entidades civiles Jóvenes en Progreso e IDEIA, en concepto de cursos, capacitación, charlas y conferencias, que presuntamente no se llevaron a cabo.
Una auditoría del Tribunal de Cuentas confirmó la existencia de indicios de irregularidad, por lo que Brizuela de Moral relevó a todos los funcionarios del área.
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